El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Vicente Garrido, lanzó este viernes un mensaje a la sociedad en general y a la de los municipios de Gran Canaria y de Fuerteventura donde está prevista la construcción de dos centros penitenciarios, un asunto que considera de "solidaridad" ante la "saturación absoluta de población reclusa" en las infraestructuras existentes en el archipiélago.

Durante el inicio formal del Año Judicial 2008-2009 en Canarias en la Sala de Vistas del TSJC de Las Palmas de Gran Canaria, Garrido reconoció que espera que "las administraciones implicadas puedan superar las dificultades administrativas o normativas que, en su caso, se puedan plantear, para que, desde la leal cooperación institucional, y también desde el respeto al marco competencial existente, se pueda resolver este problema en el plazo más breve posible".

Garrido incidió en la "grave situación penitenciaria por la que atraviesan las islas" con la "prudente esperanza de que, por fin, se está viendo, al menos en parte, la luz al final del túnel".

Se refirió, así, "al aparente desbloqueo de la decisión sobre la definitiva ubicación de un nuevo centro penitenciario tanto en la isla de Gran Canaria como en la de Fuerteventura, así como a la reciente ampliación del centro existente en la isla de Lanzarote".

En este sentido, destacó "la saturación absoluta de población reclusa que están soportando desde hace tiempo los centros penitenciarios de Salto del Negro, Tahíche y Tenerife II, duplicando en número la capacidad inicialmente prevista de internos, lo que hace difícil la consecución de los objetivos previstos en la Ley Orgánica General Penitenciaria".

Ello conlleva, a su vez, "como consecuencia perniciosa la lamentable situación que implica el traslado masivo de penados, nacidos en Canarias o arraigados en nuestra Comunidad, a otros centros penitenciarios de la Península", añadió.

De este modo, expresó la "preocupación" de los fiscales, al entender que su "trabajo no sirve de nada si finalmente no se consiguen los fines constitucionales de rehabilitación y reinserción social en centros adecuados".

"Ni la abnegada y admirable labor que realizan los responsables y funcionarios penitenciarios se verá recompensada con la recuperación para la sociedad de aquellas personas que en algún momento incumplieron las normas mínimas de convivencia que entre todos nos hemos dado", agregó.