El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, expresó este jueves su "confianza plena en el principio de presunción de inocencia" en relación a la denuncia que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite contra el vicepresidente del Gobierno canario y líder del PP en las islas, José Manuel Soria, por un presunto delito de cohecho y de prevaricación en lo que se conoce popularmente como 'el viaje del salmón'.

Al término del acto solemne de inauguración del Año Judicial en las islas celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, Rivero aseguró que "cuando las cosas entran en ámbito judicial siempre he dicho que hay que respetar el trabajo de la justicia".

Se refería así a la decisión del TSJC de admitir a trámite una denuncia contra el también consejero de Economía y Hacienda del Gobierno regional.

Además, el TSJC ha acordado la citación del denunciante, el periodista canario Carlos Sosa Báez, y se ha pedido la documentación pertinente al Cabildo de Gran Canaria, que presidía Soria en 2005, cuando se le acusa de tales hechos.

En concreto, la magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Margarita Varona Faus ha dictado resolución por la que se declara la competencia de la Sala para conocer la citada denuncia.

La Fiscalía Anticorrupción, con Luis del Río como responsable en Las Palmas de Gran Canaria, presentó este mismo lunes un escrito en la Sala de lo Civil y Penal del TSJC en el que pedía que se investigue a Soria por el conocido como 'viaje del salmón', en el que supuestamente el líder del PP de las islas aceptó una invitación del empresario Bjorn Lyng (ya fallecido) para visitar Noruega, en la época en la que era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Según fuentes jurídicas, la denuncia recoge que el empresario noruego, por aquel entonces propietario del complejo turístico Anfi del Mar, pudo recibir un presunto trato de favor por parte del Cabildo de Gran Canaria, que, en fechas posteriores a su viaje a Noruega, emitió un informe favorable a la construcción de 3.600 camas turísticas en el complejo denominado Anfi Tauro, también propiedad por entonces de Lyng.

Tras la petición de la Fiscalía, el TSJC pidió al Ministerio Público que informe sobre "la competencia y el contenido de la denuncia" interpuesta con el fin de pronunciarse sobre la misma.

Soria ha mostrado su "máximo respeto por la justicia" y ha indicado que cuando le llamen a declarar, si lo hacen, irá. "Lo único que espero es que los titulares en el momento en el que se archive la causa sean, cuanto menos, similares a los que se generarán a lo largo de los próximos días. Esto también va incluido en el sueldo", apostilló Soria.