Canarias podría ver reducidas considerablemente las demoliciones de viviendas e inmuebles en su litoral como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas. El Gobierno central está estudiando esta posibilidad a través de dos vías que de facto significarían el mantenimiento de al menos algunos de los más de 35 poblados amenazados por estar construidos en el dominio público.

Forzado por la avalancha de quejas de los propietarios y la presión de algunas comunidades autónomas para flexibilizar la aplicación de la ley, el Gobierno central ha arbitrado fórmulas en ese sentido, mientras el PP reclamó ayer un acuerdo en el Congreso para armonizar las medidas y aclarar la situación.

La primera de las medidas prevista por el Estado para atenuar la Ley de Costas se ha planteado de forma subliminal y aparentemente sin conexión con la propia normativa al respecto. Se trata de una enmienda a la ley de Navegación Marítima que permitiría a los propietarios de las fincas afectadas vender y comprar las casas construidas en dominio público, lo que hasta ahora estaba prohibido por la propia Ley de Costas.

Esta medida, de hecho, la ha propuesto el actual Ministerio de Medio Ambiente para una norma que en realidad depende de los ministerios de Justicia y Fomento y cuya tramitación en el Congreso no requiere de su paso por el pleno ya que la comisión que la aprobará tiene competencias legislativas plenas.

LA MEDIDA. La media fue aprobada ya por el Consejo de Ministros el pasado 5 de diciembre establece que "las concesiones (a las viviendas construidas legalmente sobre el dominio público antes de 1988) serán transferibles, previa autorización de Costas, por actos 'inter vivos', subrogándose el nuevo titular los derechos y obligaciones de la concesión".

Con ello, las construcciones podrán no sólo heredarse, sino que se podrán vender y comprar. Para facilitar esta flexibilización de la Ley de Costa y parar así el reguero de conflictos abiertos con los propietarios, el Estado estudia la posibilidad de ceder competencias de litoral a las Comunidades Autónomas, lo que de facto significaría reconocer la intervención ya anunciada por algunos gobiernos regionales en el proceso de deslinde de las fincas y, por tanto, en la limitación de las posibles demoliciones.