Sólo falta el aval bancario. El Gobierno de Canarias está expuesto al pago inminente de 84 millones de euros como consecuencia de tres sentencias de la moratoria en las que la Sala de lo Contencioso ya ha fallado en su contra y en las que, además, ha aceptado la ejecución provisional solicitada por los empresarios. A ello habrá que añadir el primer pago de la sentencia del caso Tebeto, 33,7 millones de euros, y los 33,1 del pleito de Montaña Rayada, en Fuerteventura. En total, el Ejecutivo regional se enfrenta al pago inmediato de unos 150 millones de euros de los 250 a los que ha sido condenado en los dos últimos años por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC. Todo ello fruto de una docena de pleitos relacionados con el urbanismo.

Tres sentencias de la moratoria están sólo a la espera del aval bancario para que la Sala corrobore la ejecución provisional ya aceptada. Se trata de dos pleitos ganados por el empresario hotelero Eustasio López, propietario del Grupo Lopesan, y un tercero interpuesto por Teo Gerlach, a su vez titular del proyecto del Centro Helioterápico Canarias.

En el caso de los pleitos del Grupo Lopesan, la Sala ha aceptado un "pago a cuenta" de cuarenta millones de euros por la paralización del Plan Parcial Golf Meloneras, que el Ejecutivo congeló con la Ley de Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (moratoria) bajo el brazo. Como quiera que la moratoria turística sigue en vigor, la indemnización final que tendrá que abonar la comunidad autónoma aumenta cada día que los proyectos urbanísticos se encuentren paralizados. En el proceso de ejecución provisional de la sentencia solicitada por Lopesan, la Sala concedió un pago a cuenta de 40 millones de euros, pendiente sólo de que el empresario deposite el aval bancario correspondiente.

Lo mismo ocurre con el Plan Parcial Dehesa de Jandía, en Fuerteventura, que el Grupo Lopesan no puede ejecutar por la moratoria turística. Una vez solicitada la ejecución provisional, la Sala igualmente concedió un pago a cuenta de otros 40 millones de euros.

A estos posibles pagos inminentes derivados de pleitos por la moratoria hay que añadir los 101 millones del caso Tebeto, cuyo plazo para el primero de los pagos (33,7 millones) ya venció, y los 33,1 millones de la sentencia firme como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, en un proceso judicial interpuesto por la empresa Montaña Rayada SA.

Otros empresarios que han ganado sentencias al Gobierno, como es el caso de Félix Santiago, que también ganó un pleito por la moratoria cuya cuantía asciende a unos 17 millones, no han ejercido por el momento su derecho a la ejecución provisional. Estos fallos están pendientes de recurso ante el Supremo.