El Gobierno suavizará las sanciones por infracciones urbanísticas

RUBÉN ACOSTA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.
El Gobierno suavizará el régimen sancionador de las infracciones urbanísticas. La nueva Ley de Armonización del Territorio y Medio Ambiente de Canarias introducirá importantes cambios en materia de disciplina urbanística con el fin de incluir "criterios subjetivos" en la valoración de las sanciones mediante la negociación o la graduación de las multas. En su afán por agilizar los trámites administrativos, la Consejería de Medio Ambiente también quiere introducir la figura de la "autorregulación" para evitar en lo posible el constante incremento de expedientes sancionadores, que después se eternizan durante años.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Ejecutivo regional, Domingo Berriel, anunció ayer nuevos criterios de "proporcionalidad" en las sanciones y valoraciones más subjetivas a la hora de imponer las multas por infracciones contra el territorio. "No es lo mismo la cuantía de una multa a una empresa o a alguien con un poder adquisitivo alto que se le ponga a alguien que está en el paro o en una situación económica difícil", dijo Berriel para justificar que las sanciones se gradúen en función de este tipo de situaciones.
Por otro lado, la nueva normativa también incluirá la negociación con el infractor para buscar alternativas a la sanción, entre ellas la llamada "autorregulación", una "oportunidad" que se dará para restaurar el espacio físico alterado a la situación original a cambio de no abrir el expediente sancionador correspondiente.

Para Berriel, lo que se intenta es una "humanización" del aspecto sancionador de la indisciplina urbanística y, al mismo tiempo, se pretende ofrecer una mayor "eficiencia y eficacia" en la respuesta a los ciudadanos ante el colapso administrativo y judicial en el que se ven inmersos los expedientes infractores.

DIRECTIVA. La normativa medioambiental también tiene que adaptarse a la Directiva Europea de Servicios, la llamada directiva Bolkestein, de tal manera que las declaraciones de impacto ambiental deben acortar los plazos y flexibilizar sus requisitos para dar mayor agilidad a la tramitación administrativa. Según Berriel, la nueva ley que se llevará al Parlamento en las próximas semanas "armonizará" toda la legislación de medioambiental existente para adaptarla a las circunstancias del Archipiélago con una visión más "pragmática" y en un ejercicio de simplificación administrativa.

Berriel destacó que esta nueva norma está mucho más pensada y reflexionada que la Ley de Medidas Urgentes, texto legal que se aprobó para mantener la moratoria turística tal y como mandataba las Directrices de 2003, introduciendo criterios de regulación para otros sectores económicos como la agricultura o la industria.