El Gobierno de Canarias renovó casi al completo en el intervalo de pocos meses y en pleno receso económico -finales de 2008- su flota de vehículos de alta gama para los miembros del Ejecutivo, incluidos el presidente Paulino Rivero y el vicepresidente José Manuel Soria. El coste global de esta operación fue de 600.000 euros, casi cien millones de las antiguas pesetas.
En agosto de 2008, el Ejecutivo acordó la compra de cinco automóviles de conocidas marcas y un mes después otros 10 en una operación de renting, es decir, coches adquiridos a través de un sistema parecido al alquiler que, en todo caso, permite a sus propietarios un mantenimiento a costa del concesionario, lo que abarata a la larga el precio pagado por los vehículos.
En este último caso, los coches adquiridos son híbridos con propulsores de gasolina y eléctricos, vehículos aconsejados por las autoridades medioambientales. El Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, es verdad que con una de las estructuras directivas más ajustadas entre las autonomías, dispone de coche oficial para el conjunto del gabinete, y además por partida doble (uno en Gran Canaria y otro en Tenerife), además de en algunas islas menores.
De viceconsejero para abajo, el uso de los vehículos oficiales no está regulado por la práctica, pero sí que disponen de ellos buena parte de los viceconsejeros y de los directores generales, sin contar los directivos de las empresas públicas autonómicas. En total, la Comunidad es propietaria o mantiene en renting una flota superior a los 60 vehículos, sólo para personal de dirección política. A cuenta del presupuesto regional existen otros políticos 'motorizados', caso del presidente del Parlamento y de todos los órganos dependientes de la Cámara autonómica.
