El Gobierno de España estudia recurrir ante el Tribunal Constitucional el catálogo de especies protegidas aprobado por el Parlamento canario, dijo hoy el diputado socialista Santiago Pérez, quien además pidió los nombres de los diecisiete biólogos "protegidos" del Gobierno canario.
Así se expresó en rueda de prensa Santiago Pérez, quien quiso saber si entre los biólogos "protegidos" del Gobierno regional están el director del Observatorio Ambiental de Granadilla, Antonio Machado, y el director de la Agencia para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, Jorge Bonnet.
Santiago Pérez quiere saber los nombres de esos biólogos porque el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel, los "ha utilizado" públicamente, y añadió que también quiere conocer lo que el servicio de Biodiversidad del Gobierno regional opina acerca de los sebadales.
El diputado socialista aseguró que con la aprobación del catálogo se ha cometido un fraude en el sentido jurídico pues, según la legislación española cualquier nueva catalogación, descatalogación o cambio de categoría debe fundarse en documentación científica y al aprobar la norma en Canarias por medio de una propuesta de un grupo parlamentario, y no del Ejecutivo, se evita ese requisito.
Insistió en que en todas partes, excepto en Canarias, el catálogo de especies se regula por decreto, algo que a su juicio se debe a que en las islas se ha querido evitar la participación ciudadana y para blindarlo, ya que una vez aprobado sólo es posible recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y de manera restringida.
Santiago Pérez criticó que Domingo Berriel está empeñado en hacer de consejero de Infraestructuras, a la vez que denunció que durante la votación del catálogo el presidente canario, Paulino Rivero, se ausentó del pleno.
Una táctica que utiliza ATI-CC, según Santiago Pérez, pues señaló que cuando hay una polémica sobre infraestructuras la zanja un miembro de CC que no se presenta en la isla en la que surge el conflicto.
