La pobreza y la exclusión social hacen mella en las familias canarias y la crisis está provocando un incremento de esta situación. En los dos últimos años se ha triplicado el número de beneficiarios de la prestación canaria de inserción, las ayudas básicas de protección social del Gobierno canario para personas y familias sin recursos económicos de ningún tipo. En 2008 recibían esta paga alrededor de un millar de unidades familiares, mientras que a fecha de hoy son 4.268 los
que reciben la ayuda. Aunque el objetivo principal de la prestación es evitar la exclusión social, también se ha convertido en un auxilio para las personas a las que se les agota el subsidio por desempleo y se quedan sin ingresos.
La emergencia social también ha provocado un descuadre en el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo regional. El departamento que dirige Inés Rojas se vio obligado en el último trimestre del pasado año a modificar créditos para incrementar la partida destinadas a estas ayudas sociales, al que se destinó 13 millones de euros inicialmente en 2009. El presupuesto de 2010 contempla 16,7 millones de euros, pero cuando el año ni siquiera ha pasado su ecuador ya esta cantidad está comprometida y se necesitarán al menos cinco millones de euros más para garantizar las prestaciones hasta final de año.
La consejera Inés Rojas salió ayer al paso de la denuncia formulada por el comité de empresa de la Consejería, cuyo presidente, Roberto González, advirtió que Servicios Sociales se ha quedado sin fondos para pagar a las nuevas familias que solicitan la ayuda y que se incrementan a un ritmo de más de un centenar al mes. Los trabajadores sociales prevén que el número de solicitantes se puede duplicar en lo que queda de año ante el agravamiento de la crisis y las numerosas familias que se están quedando sin ningún tipo de prestaciones sociales.
La consejera Inés Rojas garantiza que el Ejecutivo atenderá todas las demandas justificadas de protección. Los cinco millones que hacen falta para seguir atendiendo las necesidades sociales se desviará de otras partidas de la Consejería de Bienestar Social, como vivienda, pero en caso necesario se recurrirá a fondos de otras consejerías, explicó Inés Rojas. En este sentido, señaló que ya se están modificando créditos asignados al Instituto Canario de la Vivienda, lo que supondrá que las construcciones de casas de promoción pública ya adjudicadas e iniciadas sufrirán un retraso y las empresas constructoras tardarán más en cobrar.
La prestación canaria de inserción se creó a mediados de 2007 y hasta el momento ha habido 11.000 familias beneficiadas, que pueden percibir la ayuda hasta un máximo de dos años, aunque la idea es que no lleguen a ese límite gracias al seguimiento del itinerario socioformativo que deben seguir y que viene recogido en la ley que regula la prestación, que se aprobó en el Parlamento en 2007.
