"Tras la supuesta optimización de recursos se esconde una salvaje reconversión de nuestro sistema educativo en favor de su privatización". El sindicato STEC-IC acusa a la Consejería de propiciar el "desmantelamiento" de la educación pública.

El sindicato apunta que las medidas están afectando principalmente a la formación profesional, donde "unos 140 grupos han sido suprimidos", lo que ha supuesto que cerca de 5.000 alumnos hayan sido "expulsados del sistema educativo por el déficit de plazas", obligándoles, a juicio del colectivo, a "acudir a los centros privados para, a cambio de un suculento desembolso económico, iniciar o culminar sus estudios profesionales".

STEC-IC afirma que las medidas que está aplicando la Administración regional está teniendo otros efectos, como "la supresión casi absoluta de las medidas de atención a la diversidad para el alumnado; el cierre inopinado de centros escolares sin ningún tipo de negociación con las comunidades educativas afectadas; el desprecio hacia las escuelas unitarias de Canarias, incumpliendo sistemáticamente el acuerdo suscrito al efecto en el año 2007; y la alocada adjudicación de destinos provisionales para el curso 2010-11, la masificación de las aulas; el estrangulamiento y paralización de la oferta idiomática de las escuelas oficiales de idiomas (supresión del árabe, ruso, chino, japonés y otras lenguas); y el desmantelamiento de los centros de educación permanente de adultos", entre otras afecciones.

El colectivo nacionalista señala que esta situación acentuará más una situación complicada para la educación, que ya sufre "una tasa de inversión por alumno muy por debajo de la media estatal y, por supuesto, de la media de la Unión Europea y los países de la OCDE". Y, añade, que todas estas deficiencias están propiciadas por "los profundos recortes introducidos en el sistema educativo canario, llegando a colocar en entredicho su propia supervivencia".