Lifeblood obtendrá 6,2 millones de euros de beneficios si finalmente el consejero de Sanidad, Fernando Bañolas, ratifica a la adjudicación provisional por los servicios de hemodiálisis de los hospitales de Gran Canaria Doctor Negrín y José Molina Orosa, de Lanzarote.

De los 124 millones del contrato a 15 años de la concesión, el 5%, según expertos en gestión sanitaria, se puede traducir en ganancias para la empresa. Hasta 2014, primera parte del contrato que Sanidad valora en el pliego de condiciones para el concurso público en 31 millones de euros, Lifeblood ingresaría en torno a 1,5 millones de euros, es decir, 387.000 euros anuales que traducidos a pesetas alcanzarían los 65 millones en pleno periodo de crisis económica. Unas cifras nada desdeñables para una empresa 'durmiente' desde su creación en 2006 y activada un mes después de que la consejera de Sanidad hasta el 19 de octubre pasado, Mercedes Roldós (PP), convocara el concurso público para un servicio sanitario que los expertos califican de "sumamente complejo y especializado".

Lifeblood SL modificó su objeto social el 20 de mayo desde una listado muy amplio, en el que el primer epígrafe era la "compraventa e intermediación de fincas rústicas y urbanas, la promoción y construcción de edificaciones" a otra, más concreta para la "prestación de servicios médicos nefrológicos a pacientes con insuficiencia renal tributaria de depuración extrarrenal, mediante la técnica de diálisis". El mismo día cambia también el administrador de la empresa, que pasa a ser Javier Jorcano Otero, según aparece en el Registro Mercantil y él mismo ha confirmado. Jorcano es en la actualidad gerente de la inmobiliaria Inprocansa, muy vinculada al Partido Popular.

Sorprende pues, en el ámbito sanitario, la nula experiencia de Lifeblood en este campo en detrimento de las otras dos empresas que optaban también a hacerse con el servicio: Baxter (bajo la UTE RTS Servicios de Diálisis y Diaverum) y Braun Avitum Canarias. "Esa es una actividad muy especializada y compleja en la que se trabaja con enfermos crónicos y graves y que obliga a estar al tanto de todos los avances en la tecnología que se utiliza", apuntan especialistas en gestión de centros médicos que prefieren mantener el anonimato.

Legalidad

Ello no significa, en todo caso, que la adjudicación propuesta por la mesa de contratación, que está compuesta íntegramente por técnicos de la administración y médicos especialistas de la Comunidad Autónoma, no esté ajustada a la legalidad.

El documento que debe suscribir Bañolas antes del 31 de diciembre, fecha en la que caduca la actual concesión a Baxter, se adecua plenamente a lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas exigidas por el Servicio Canario de la Salud, que dirige Guillermo Martinón, y aprobó el órgano de contratación, es decir Mercedes Roldós.

Legalmente la administración pública no está obligada a exigir la acreditación de experiencia correspondiente aunque, como apuntan las mismas fuentes, "no es habitual que en este tipo de actividades se pase por alto".

El negocio de Lifeblood, que en su oferta ya apuntó que no será la prestataria directa del servicio sino una intermediadora entre los pacientes y los profesionales, estaría pues en garantizarse el servicio de hemodiálisis en las dos islas durante un largo periodo de tiempo para que la multiplicación entre el número de sesiones por el precio de cada una salga a su favor, porque lo que sí que no se refuta es que alrededor del 95% del coste del contrato tendrá que destinarse a sueldos y a atender a los enfermos.