Los sindicatos CC OO y UGT advirtieron ayer al Gobierno canario que no van a permitir que les haga "chantaje" en las negociaciones sobre función pública a cambio de que sus delegados liberados no tengan que incorporarse a su trabajo el próximo 5 de febrero.

"Se piensan que nosotros vamos a firmar cualquier cosa que nos pongan sobre la mesa para salvar a los liberados", señaló el secretario de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Baustista, al final de la comisión de seguimiento celebrada este viernes para la mejora del servicio y el empleo público en la que participan Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios.

El secretario del Área Pública de CC OO, Javier Godoy, dejó claro además que los liberados sindicales no tienen "miedo" a volver a sus puestos de trabajo y que seguirán defendiendo los intereses de los trabajadores de la misma forma "y no vamos a permitir que ni un empleado público se vaya a la calle".

Los sindicatos bloquearon la aprobación de la Ley de Función Pública Canaria al entender que no permitía la consolidación del personal laboral, temporal e indefinido, cuestión que dejaba en el aire el trabajo de 10.000 empleados autonómicos, pero en el que se podrían ver perjudicados trabajadores de igual categoría en cabildos y ayuntamientos.

Por su parte, la respuesta del Ejecutivo regional ha sido ordenar a un centenar de los 200 liberados sindicales a volver a sus puestos de trabajo, incluyendo al secretario regional de CC OO, Juan Jesús Arteaga, así como a sus cúpulas directivas.

En la reunión de ayer, el Gobierno no expuso los puntos a negociar y remitió a la mesa técnica de Función Pública a celebrar este lunes en Santa Cruz de Tenerife en la que participarán todos los sindicatos con representación en la administración autonómica.

Bautista y Godoy calificaron de "falta de respeto", la convocatoria de las últimas reuniones ante la falta de posición y de interés del Ejecutivo al enviar a las mismas a la nueva directora general de Función Pública, Ana María Roldán. Este lunes asistirá el viceconsejero de Administración Pública, Juan Santana.