Solo la vía judicial puede evitar que los emigrantes dejen de votar en las elecciones municipales. Y eso es lo que se propone el Gobierno canario, que ya ha puesto a trabajar a su gabinete jurídico para recurrir la reforma electoral que dejará fuera de los próximos comicios locales a los españoles en el exterior. Pero el Ejecutivo de Paulino Rivero no quiere quedarse solo en su reivindicación -hasta ahora es el único que ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las restricciones al voto exterior- y pretende que las comunidades con más peso de la diáspora, entre ellas Galicia y Asturias, impulsen también recursos de inconstitucionalidad para mantener el sufragio de los más de 1,4 millones de emigrantes. De los canarios en el exterior 86.399 tienen derecho al voto, según el último censo electoral.

La intención del Gobierno canario es trasladar su propuesta al resto de ejecutivos en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos, prevista para el 4 de marzo en Santander. "Aunque jurídicamente no tendrá más valor que se presente uno o varios recursos de inconstitucionalidad, desde el punto de vista político tendría más fuerza", asegura el secretario general de Presidencia de Canarias, Fernando Ríos.

A pesar de que tan solo cinco diputados apoyaron en el Congreso mantener el voto emigrante -los de Coalición Canaria, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia-, el Gobierno canario confía en hacer un frente común tanto con comunidades gobernadas por PP como por el PSOE. ¿El motivo? Las diferencias que hay en el seno de los dos grandes partidos en el ámbito autonómico y estatal. Mientras en Génova los populares daban el sí a las restricciones electorales, el secretario general de Emigración de la Xunta galega, Santiago Camba, reivindicaba en Suramérica comicios "transparentes, en urna y sin limitación de derechos" para los españoles en el extranjero.

Idéntica situación se repetía en el PSOE. El discurso en Ferraz nada tenía que ver con el que defendían en Galicia. Fue precisamente la presión de los socialistas gallegos la que logró frenar el alcance de la reforma que pretendían sacar adelante desde Madrid. Y de la propuesta inicial que suponía la eliminación del sufragio de los emigrantes en municipales, autonómicas y el Congreso, finalmente la restricción se limitó a los comicios locales aunque con la aplicación del voto rogado para las autonómicas -sistema que hasta ahora solo se utilizaba en las municipales y que supone que la documentación electoral no llega al domicilio salvo que el interesado lo solicite-.