La ciudadanía canaria volverá a concurrir el próximo 22 de mayo a las elecciones autonómicas reguladas por el sistema electoral menos democrático de España. Demócratas Para El Cambio lleva cuatro años difundiendo este asunto en la sociedad canaria y explicando sus detalles. No hay ningún caso en el Estado que haya permitido asignar a una minoría del 17% (islas no capitalinas) la mitad de un Parlamento, ni que haya exigido superar el 30% de los votos para acceder a un escaño. Nada de esto ocurre en ninguna otra Comunidad Autónoma española, ni, por supuesto, en ninguna democracia occidental.

Los partidos políticos que han tenido representación parlamentaria, con y sin responsabilidades de gobierno, han dejado de lado este tema durante décadas. La última ocasión favorable a una reforma -que requiere para su consecución el apoyo de dos tercios de la cámara (otra exigencia única en España)-, ha sido desaprovechada por el PSC y el PP, que desde octubre suman esa mayoría cualificada. De CC ya se esperaba que no respaldara reforma alguna si no obtenía más autogobierno, como nos comunicó Manuel Lobo en las entrevistas que mantuvimos con todos los partidos hace un año. Entonces los socialistas se mostraron favorables y los populares se negaron a tomarla en consideración porque no la juzgaban prioritaria, matizando el PP que la estudiaría si los ciudadanos lo demandaran. Perdida la oportunidad adecuada, anuncia ahora José Manuel Soria una reforma electoral "radical" para la siguiente legislatura. Lo mismo hace el socialista Francisco Hernández Spínola, advirtiendo que la suya será "global". Se nos antoja, como poco, complicado conseguir de nuevo dos tercios de la Cámara para este cometido cuando ni tan siquiera pudieron acordar populares y socialistas sus resoluciones conjuntas en materia electoral en el último debate sobre el estado de la nacionalidad. En cualquier caso, deseamos suerte a los señores Soria y Spínola en sus reformas "radical-globales".

Conviene a los canarios saber hasta qué punto este antidemocrático sistema ha sido blindado para evitar su modificación: la ley de Iniciativa Legislativa Popular de Canarias veta expresamente la posibilidad de reunir firmas para plantear al Parlamento un cambio del régimen electoral. Vistas la actitud de políticos y partidos y el blindaje referidos, a los ciudadanos sólo nos queda la presión perseverante que haga evidente a las formaciones políticas que no les será posible esquivar más este asunto.

El abusivo argumento de la triple paridad no puede ser sostenido ni un día más, al menos en lo que se refiere a la paridad entre islas no capitalinas (17% de habitantes) y capitalinas (83% de habitantes). Nunca tuvo la triple paridad fundamento jurídico. Antes bien, es paradigmática su naturaleza antidemocrática cuando observamos el caso de Fuerteventura, que con más habitantes tiene menos representantes en la Cámara que La Palma.

El primer paso para el resquebrajamiento de la confianza depositada en un modelo supuestamente al servicio de la cohesión social y territorial de Canarias se dio hace mucho tiempo, veintiocho años exactamente, al establecerse un Sistema Electoral forzadamente insolidario e injusto, que fue más fruto del aprovechamiento de la frágil situación de gobernabilidad en la que se encontraba el país con una UCD en vías de descomposición, que del consenso. Ahora vemos sus consecuencias.

Nos jugamos la credibilidad de nuestra democracia y de nuestro sistema de convivencia. Basta para corroborarlo comprobar el peligroso distanciamiento entre ciudadanos y políticos que una y otra vez se palpa en las insistentes cifras de abstención (el actual Parlamento ha sido elegido sólo por uno de cada dos electores). Los políticos y los partidos no son los dueños de la democracia, sólo los albaceas de la que es propiedad de todos. Retomemos el mando de ella y exijámosles la diligencia y eficacia que su administración merece. Si no lo hacemos, tendremos que pagar nosotros y nuestros hijos el incesante fraude de una Ley Electoral determinante para comprender por qué Canarias está siempre en el puesto de cola del desarrollo social, económico y cultural.