En un plazo de tres semanas el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, será llamado a declarar ante el juez de Primera y Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, Álvaro Rodríguez Bernaldo de Quirós, como parte de las diligencias en las que se investiga al socialista por presuntos delitos de cohecho, informaron ayer fuentes judiciales.
La pérdida de aforamiento desde el pasado mes de julio, una vez que Curbelo renuncia a su escaño en la Cámara Alta tras el escándalo del que fue protagonista en un local nocturno en Madrid, permite que sea ahora llamado a prestar declaración en el juzgado gomero en una causa en la que, en un principio, ni estaba siendo investigado ni la denuncia que se formula desde la Fiscalía iba contra él. De hecho, tendría como origen la investigación por la que desde 2007 está imputado por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias el exconsejero de Política Territorial en el Cabildo y actual líder del Partido Popular en la Isla, Antonio Javier Trujillo Bernal.
De la investigación en la que se implica a Curbelo por cohecho -delito que comete el funcionario público que acepta dádivas o promesas para la realización de algo en favor de un tercero- se inició en 2009 y en ella tanto la Guardia Civil como la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que emitió informe en febrero de 2010 y lo amplió con diligencias informativas posteriores en mayo pasado, se deducen indicios de delito en los que estarían también implicados técnicos de la corporación insular, empresarios afines al exsenador y familiares directos. Estos habrían participado bien como beneficiarios, como agentes interpuestos o bien como actores necesarios para la recalificación urbanística de terrenos, merced a cambios en el Plan Insular de Ordenación o del Plan Territorial Especial de Desarrollo Turístico.
Recalificaciones
A través, supuestamente, de esas modificaciones interesadas en los planeamientos de terrenos en El Lamero (San Sebastián), El Machal (San Sebastián), Las Petroleras (Alajeró) y en áreas afectadas por la construcción de la vía de Travesía Hermigua, la calificación de los mismos habría pasado de rústica a urbana para su uso turístico o residencial y su valor en el mercado, consecuentemente, se habría incrementado.
El juez trata de determinar, de igual forma, el papel que juegan en la presunta trama tres empresas de la familia: Argamul Gomera, Caculago Gomera y Chewy West. En las dos primeras, según consta en el Registro Mercantil, la administradora única es la esposa de Curbelo: Remedios Díaz Montañez. En Argamul Gomera desde 2000 -dos años después de su constitución una vez su marido renunció a su favor- y desde 2004 en Caculago. Argamul es accionista al 100% de Caculago y viceversa.
El administrador de Chewy West es desde 2005 el propio presidente insular. Su objeto social, señala el Registro Mercantil, es la "compraventa y arrendamiento de todo tipo de bienes; promoción, ordenación y parcelación de terrenos y la construcción". Con un capital social de 889.000 euros, Chewy West fue creada en 2004 por el promotor urbanístico Fortunato Arteaga, también incurso en la investigación.
