El puerto de Granadilla, en fase de construcción en el sur de Tenerife, supondrá "tirar al mar 600 millones de euros" para al final acabar con una infraestructura cerrada, inútil, un cementerio de buques que causará un daño ecológico irreversible, según los convocantes de la manifestación que el sábado tratará de que los políticos acaben con "esta locura y esta insensatez".
La manifestación, promovida por Asamblea por Tenerife y miembros de la comunidad científica y universitaria, se celebrará el 12 de noviembre a las 12.00 horas entre la sede de la Autoridad Portuaria en Santa Cruz de Tenerife, en la Avenida de Anaga, y la Plaza de la Candelaria.
Es "un despilfarro de dinero público que sale de nuestros bolsillos" y que va a afectar inútilmente el ecosistema de los sebadales, de gran importancia ecológica y económica, advirtió en rueda de prensa el catedrático de botánica Wilfredo Wildpret, Premio Canarias, quien hizo un llamamiento a los ciudadanos para que se expresen en la calle de forma democrática contra "esta locura y esta insensatez".
Wildpret expuso que el puerto de Arinaga, en Gran Canaria, es una indicación de lo que será en el futuro el puerto de Granadilla si sigue adelante, un cementerio de buques oxidados, porque será una infraestructura cerrada, sin operaciones, técnicamente inviable por la incidencia constante de los fuertes vientos.
Junto a Wilfredo Wildpret, apoyan esta manifestación Alberto Brito, catedrático de biología marina, y Federico Aguilera Klink, catedrático de economía aplicada, además de Pedro Anatael Meneses, ex presidente de la Autoridad Portuaria y profesor de la Escuela Técnica Superior de Náutica de Santa Cruz de Tenerife.
Pedro Anatael Meneses afirmó que es una obra ilegal que no supondrá ninguna mejora económica para Tenerife y creará un impacto ecológico "sin precedentes".
"Es una obra inútil, sin razón de ser, una infraestructura imposible de operar", además de un atentado contra la democracia, dijo en alusión a la negativa del Parlamento de Canarias a debatir una iniciativa legislativa popular contra el puerto respaldada por 56.000 firmas.
En la primera fase, ya contratada, se van a "tirar al mar" 160 millones de euros, pero si se termina el coste mínimo será de 600 millones, "un derroche de dinero público" que "se puede parar aún, cuando todavía no se ha destruido nada para siempre", agregó.
Cándido Quintana, de Asamblea por Tenerife, aseguró que este "despilfarro" creará solamente 45 puestos de trabajo en las labores de construcción, y luego los ciudadanos de la isla se quedarán con la destrucción ecológica, el daño turístico y un puerto "cerrado a cal y canto, azotado por fuertes vientos".
Por eso hizo un llamamiento a la participación en la manifestación del sábado, en el convencimiento de que tras diez años de lucha social contra el puerto, "aún podemos pararlo".
