Mayores, jóvenes, niños y personas con discapacidad, parados de difícil inserción. Todos ellos se verán afectados por la eliminación que el Gobierno central ha decidido en los Presupuestos Generales del Estado 2012 de la partida destinada a los servicios de la Ley de Dependencia. En Canarias ese recorte es de ocho millones de euros anuales. "Es una decisión que afecta a personas de todas las edades que estén amparadas por la Ley de Dependencia, incluidos menores con problemas de autonomía", señala Rita Estévez, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Agüimes.
El día a día de estas personas y de sus familiares se volverá más complicado al tener que superar sin ayuda obstáculos a los que no todos estamos acostumbrados. "Hay que pensar en cómo se enfrentan a la rutina las familias que tienen hijos que nacen con trastornos en el desarrollo y que presentan una discapacidad que puede ser tanto psíquica como física", apunta Estévez.
Para ayudarles, algunos ayuntamientos, como el de Agüimes, han puesto en marcha un Aula de Estimulación Temprana, una herramienta recogida en el Libro Blanco de la Ley de Dependencia y cuya continuidad puede peligrar. "El gasto de este recurso se está cubriendo entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias, pero si aun así peligra una de las tres partes no sé qué puede pasar. Además, si al niño le llega esta ayuda tarde, de nada sirve", explica la concejala de Asuntos Sociales de Agüimes.
Incertidumbre
La gran pregunta que se hacen ahora los responsables locales de las políticas sociales es cómo van a mantener en marcha los servicios de los que los usuarios se están beneficiando actualmente. "Muchas veces es necesaria la colaboración de psicólogos que trabajan con las familias que tienen algún miembro dependiente para enseñarles pautas de conducta. Esos psicólogos son costeados por los ayuntamientos pero si se reduce el presupuesto no podremos contar con ellos", señala Rita Estévez.
Esta situación genera incertidumbre entre trabajadores y usuarios. "No sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con los mayores que están siendo atendidos en las residencias, en sus casas, en los centros de día... y es algo que genera una preocupación muy grande", afirma con contundencia Elena Luis, alcaldesa de La Guancha y presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
La imposibilidad de que la Comunidad haga frente a la contribución procedente del Estado para sostener las ayudas a la Dependencia mantiene en vilo a todos los que de ellas se benefician. "Queremos conocer los datos definitivos de cómo quedan todas las partidas y a qué asuntos van a afectar para saber qué hacer", señala Luis.
Para ello, la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha convocado una reunión para mañana con la Comisión de Asuntos Sociales de la Fecam. "Lo que está claro es que las corporaciones locales vamos a tener que afrontar una situación dramática por los recortes en Dependencia y serán las familias que menos tienen las que sufran las peores consecuencias", señala Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía y miembro de la Comisión.
Parados sin salida
La reducción de la partida de las ayudas a la Dependencia no solo coloca en el limbo a los casi 43.000 usuarios que en las Islas han visto mejorar su calidad de vida gracias a ellas. También peligra el empleo de todos aquellos que trabajan ayudando a los dependientes y, en general, prestando algún tipo de servicio social. La red de servicios sociales de Canarias mantiene 2.000 puestos de trabajo y atiende a 300.000 en los 88 ayuntamientos de todo el Archipiélago.
"En los recortes entramos también en el terreno de las políticas activas de empleo que tienen un marcado carácter social y que para las que en Canarias se han destinado 40 millones de euros, es decir, prácticamente nada", apunta Elena Luis. Los talleres de empleo, las escuelas taller y los convenios para la integración laboral son algunos de los ámbitos más afectados por las partidas establecidas en los Presupuestos Generales del Estado 2012.
"El Gobierno de España, en vez de reducir en gastos militares y de sus altos cargos o en los gastos que suponen los cargos vitalicios de los parlamentarios, reduce siempre en los mismos, en los más débiles, y el futuro pinta mal si se sigue este camino", comenta Silverio Matos. Sin un plan alternativo más que el de defender los derechos de sus vecinos, los miembros de la Fecam esperan encontrar soluciones en las palabras de Rojas. "Se ha atacado a los puntos débiles de la sociedad y así no podemos seguir porque aunque hay que hacer ajustes, hay que esforzarse para que no haya ningún tipo de disminución en la parte social", expone Luis.
