El cerco sobre la familia Obiang se cierra. El Juzgado de Instrucción número 5 de la capital grancanaria ha solicitado a la unidad de delitos económicos de la Policía Judicial en Las Palmas de Gran Canaria un informe complementario para tratar de acreditar si el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, utiliza los fondos públicos y las riquezas de su país para el enriquecimiento de su familia.
La finalidad del informe es seguir el flujo del dinero para intentar acreditar un posible delito de blanqueo de capitales, y para ello es necesario demostrar la procedencia ilícita del dinero, según las fuentes judiciales consultadas. Hasta el momento se están investigando más de 20 empresas, algunas con sede en Canarias.
Y es que la fortuna amasada por el clan Obiang, entre las diez más importantes del mundo según la revista Forbes, está bajo sospecha desde que la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas se declaró competente para investigar al dictador y pidió a la juez María Isabel de Vega que abriera diligencias.
El origen de las pesquisas parte de la querella interpuesta por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe). En ella se recogía que, entre el 7 de junio de 2000 y el 11 de diciembre de 2003, se transfirieron a Canarias 26,4 millones de dólares (19,9 millones de euros) desde una cuenta abierta en el Banco Riggs de Nueva York a nombre del Gobierno guineano.
En concreto, las 16 transferencias bancarias realizadas desde el Riggs estaban destinadas a una cuenta de la empresa Kalunga Company SA domiciliada en una oficina del banco Santander en Las Palmas de Gran Canaria. La querella añade que el dinero fue blanqueado mediante la compra de numerosos inmuebles, algunos situados en la capital grancanaria.
Las primeras conclusiones policiales arrojan indicios de que la compañía Kalunga Company SA, supuestamente dedicada a actividades navieras, podría ser la tapadera que usa Obiang para introducir el dinero en Europa a través de Canarias. Los propietarios de la empresa son Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, un matrimonio ruso del que la investigación policial considera que puede estar actuando como testaferro de políticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial.
Los Kokorev vivieron durante un tiempo en un piso de la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria, pero en la actualidad parece que residen en Madrid. Por el momento no existe ninguna imputación judicial sobre ellos. El matrimonio sí declaró ante la Fiscalía Anticorrupción y negaron cualquier implicación en el blanqueo de capitales. Aseguran que se dedican al transporte de mercancías en barco con África, pero recientes pesquizas policiales cuestionan esa coartada.
En cualquier caso, los investigadores no descartan que la supuesta red de blanqueo tenga ramificaciones mafiosas, entre otros motivos por la complejidad y la gran cantidad de dinero que se mueve en las transacciones financieras.
El mandatario africano podría estar realizando, en nombre del gobierno de Guinea Ecuatorial, transacciones bancarias a diferentes sociedades con pagos incrementados para sacar el dinero público del país, todo ello a costa de sus riquezas naturales. Luego, el exceso de ese dinero, es transferido a otras cuentas, cuyos beneficiarios parecen ser familiares y allegados a Obiang.
De hecho, la investigación abierta por el juzgado de la capital grancanaria no es la única. Dos jueces franceses también han dictado una orden de arresto contra el hijo del presidente guineano, Teodorín Obiang, que está acusado de blanqueo y no se presentó a una citación en un juzgado de París. Además, la Justicia francesa ya ha embargado una gran cantidad de bienes a la familia Obiang.
