El caso Lifeblood ya es parte de la historia judicial canaria. La juez que investigaba la presunta adjudicación fraudulenta de los servicios de hemodiálisis de dos hospitales canarios a la empresa Lifeblood en 2010 por valor de más de 124 millones de euros notificó ayer a las partes el sobreseimiento provisional de la causa en un auto que apunta a uno de los imputados, el abogado canario Javier Artiles Camacho, como el cerebro detrás de una supuesta trama sanitaria repleta de irregularidades que no se han podido demostrar.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell, desgrana, en un prolijo auto de 17 folios, una instrucción que le ha llevado a ella y a la Fiscalía Anticorrupción casi dos años y más de 4.000 folios de investigación y que, finalmente, debe ser archivado al carecer de pruebas suficientes para acusar a los imputados en la causa.
Fue la Fiscalía Anticorrupción, en un auto dado a conocer en exclusiva por LA PROVINCIA/DLP hace hoy tres semanas, quien solicitó a la juez instructora el cierre provisional de la investigación por carecer de pruebas que demostrasen que se había cometido algún delito en la adjudicación del concurso público del servicio de hemodiálisis para el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Lanzarote en noviembre de 2010 a la empresa Lifeblood S L, sin experiencia en gestión sanitaria y cuyo objeto social había sido modificado ex profeso apenas días antes de convocarse el millonario concurso.
Los fiscales que habían trabajado en la investigación, Luis Rodríguez Sol y Juan Pavía Cardell, advirtieron en su auto de petición de archivo que durante la tramitación del concurso o en su posterior adjudicación a Lifeblood SL pudo cometerse algún tipo de irregularidad y, pese a tener "sospechas" de ello, para no "dañar más" a los imputados y al no encontrar pruebas, solicitaban su archivo.
La juez Rosell acuerda ahora finalizar la investigación ya que no hay parte que sostenga la acusación -nunca llegó a presentarse acusación particular- contra los cuatro imputados en la causa: el letrado Javier Artiles; la exsecretaria general técnica del Servicio Canario de la Salud (SCS) Lourdes Quesada; el exdirector del SCS Guillermo Martinón y el administrador único de Lifeblood SL, Javier Jorcano.
La magistrada, sin embargo, apunta que la presencia de Artiles es lo que genera la mayoría de los interrogantes que planean sobre la gestación y adjudicación del concurso de hemodiálisis.
En un pequeño resumen al comienzo del auto, expone las relaciones de Artiles con miembros importantes dentro de la Sanidad canaria, sus trabajos como abogado para el Servicio Canario de la Salud (SCS) y su pertenencia a empresas privadas que operan en el sector sanitario.
"Javier Artiles era socio y administrador de la empresa Avericum", expone la juez. Una entidad que en 2004 fue la adjudicataria del concurso de hemodiálisis de la zona Sur de Gran Canaria. También participaba en otra empresa "llamada Hospitalia", desgrana el auto, que también tenía otro concurso adjudicado y, a la vez "era apoderado de RTS-Baxter [una UTE] adjudicataria del centro satélite de hemodiálisis del Hospital Doctor Negrín por haber ganado el anterior concurso", antes del que logró la adjudicación la empresa Lifeblood SL.
En esta nueva convocatoria, sigue la magistrada en el auto, también "se presentó en una UTE, RTS-Diaverum" a la vez que actuaba como "gestor real" de Lifeblood SL, empresa de su amigo Javier Jorcano. Entidad que finalmente fue la adjudicataria del concurso por valor de 124 millones de euros.
Su profesión, además, le mantenía relacionado con la administración sanitaria del Gobierno de Canarias puesto que "era asesor eventual de órganos vinculados", hasta el punto de participar, según la investigación, "en tres mesas de contratación relacionadas con concursos importantes del ámbito sanitario", uno de los cuales, destaca la instructora, "dio lugar a imputación de varias autoridades y funcionarios a quien defendió el propio Artiles".
Asimismo, según la instructora, Artiles conocía a la mujer de Martinón porque había sido empleada de su despacho antes de que Lifeblood ganase el concurso y tenía, también, relación con la entonces jefa del Servicio de Nefrología del Hospital Doctor Negrín, Leocadia Palop, porque "ella atendió médicamente a una hermana de Artiles [...] él ayudó a su hijo, también nefrólogo, a constituir una empresa [...] y la asesoró con unas denuncias contra otro médico".
Acuerdo con Anticorrupción
La magistrada Rosell, por otro lado, se muestra de acuerdo con Anticorrupción en que "a lo largo de la instrucción se han despejado algunas de las dudas sobre la procedencia de alguna de las cláusulas más discutidas como posibles favorecedoras de forma injustificada de la empresa adjudicataria provisional".
Si bien, advierte en el auto, esto "no quiere decir que bajo esa apariencia de legalidad no pueda esconderse un favorecimiento ilícito de terceros, ni que no exista alguna actuación discutible de la Administración".
Sobre quién pudo redactar los criterios de adjudicación que supuestamente favorecieron a Lifeblood SL, por encima de empresas con mayor experiencia en la gestión sanitaria, la juez advierte: "Seguimos sin saber quién realizó cambios técnicos entre los criterios entregados en 2008 como pendientes de incorporar al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y los definitivos, que la doctora Palop insiste en que no son suyos".
Hay que recordar que Palop apuntó a unas funcionarias, éstas a Quesada, ella a Martinón y éste, finalmente, de nuevo a Palop como redactores de los criterios. En el auto, la juez duda sobre quién redactó esos criterios y apunta a un nefrólogo del entorno de Artiles, pero es algo de lo que la magistrada, siguiendo al Ministerio Fiscal, "carece de motivos suficientes para albergar sospechas racionales".
Por todo ello, dadas las dudas que aún planean la adjudicación, la juez cierra el caso de manera provisional y no libre, lo que implica que podría reabrirse en un futuro si apareciesen nuevas pruebas o declaraciones incriminatorias.
