El Gobierno de Canarias supeditó ayer el despido de empleados públicos a los recortes que sufra esta región en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2013, en trámite.
El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, afirmó, al término del Consejo de Gobierno, que cuando el 8 y 9 de noviembre esté definido "el trato" de Madrid a las Islas -tras la votación de enmiendas a las cuentas en el Congreso de los Diputados- se podrán empezar a "traducir" esos recortes "en nombres y apellidos" de trabajadores de la comunidad autónoma que "pueden verse afectados". "Tenemos la convicción y la voluntad inequívoca de mantener el empleo público siempre que nos lo permitan", remarcó Marrero, que eludió ofrecer cifras sobre los posibles empleados perjudicados. El Ejecutivo desea conservar la plantilla, integrada por 62.000 personas, según el portavoz, que subrayó que "en 2012 no ha habido ni un solo despido" del Gobierno canario, sino que "no se han cubierto jubilaciones o no se han renovado contratos temporales", puntualizó.
Mientras no estén cerrados los PGE del próximo ejercicio, el pacto de Coalición Canaria (CC) y Partido Socialista (PSC-PSOE) no dará a conocer sus presupuestos y, por tanto, no se conocerá hasta ese momento su afección en el personal.
Inminente
Una vez que se conozca "la foto" de las partidas estatales con que contará el Archipiélago tras la tramitación en la Cámara Baja, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobará de forma "inminente, en muy corto plazo de días", el proyecto de presupuestos de la región y lo remitirá al Parlamento para su aprobación antes del 31 de diciembre. Marrero confirmó que se seguirá el procedimiento ordinario para que se apruebe en el último pleno de diciembre y entre en vigor el 1 de enero. "No se recurrirá a medidas extraordinarias", apostilló, al tiempo que estima que, dada la mayoría absoluta del PP en Madrid, "poco o ningún cambio" se va a registrar en el presupuesto estatal tras su paso por el Senado.
Respecto al Real Decreto del Estado que da vía libre a los despidos colectivos del personal laboral, aseguró que ésta es "una más de las cruzadas" del PP contra el empleo público.
