El Gobierno de Canarias anunció ayer que rebajará un 7,5% las retribuciones de los aproximadamente 1.800 abogados y unos 350 procuradores adscritos al turno de oficio en las Islas, una medida que se aplicará a partir del 1 de enero de 2013 y "en principio" sólo se efectuará durante ese año. La iniciativa constituirá un ahorro anual de 1.345.379 euros para las arcas de la comunidad autónoma, que justifica la decisión en la crisis económica. Esta reducción se lleva a cabo en un momento de movilización de los letrados y demás actores del ámbito judicial contra la ley de tasas impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer en su reunión en la capital grancanaria solicitar el preceptivo dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto por el que se regulan la composición y el funcionamiento de las comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias. El nuevo texto recoge una rebaja lineal del 7,5% de las remuneraciones de los abogados y procuradores que prestan el servicio del turno de oficio.
El portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, encuadró la decisión en "una consecuencia más de la crisis económica y de la necesaria política de ajuste a realizar por las administraciones públicas". Aún así destacó que, incluyendo esta disminución, Canarias se encuentra entre "el tramo alto" de lo que las autonomías pagan para mantener este servicio.
En su opinión, la bajada en las remuneraciones "no tiene por qué afectar a la calidad del servicio que se presta ni se puede considerar como un cuestionamiento de la valía profesional" de letrados y procuradores. En su intervención justificó que esta medida se adopta por "necesidad presupuestaria para mantener el acceso gratuito de los ciudadanos a la justicia y cumplir con el plan económico-financiero". Con todo, admitió que se está produciendo un aumento de los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, así como de los litigios, lo que "impacta" en el gasto público destinado a su cobertura.
La reducción de la subvención a abonar por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad en relación al turno de oficio perjudica a los colegios de abogados de Las Palmas -1.020 profesionales de Gran Canaria y Fuerteventura-, Santa Cruz de Tenerife (600 letrados), Lanzarote y La Palma (alrededor de 200) y a los colegios de procuradores de ambas provincias, es decir, a unos 250 profesionales en las tres islas orientales y un centenar en la demarcación occidental.
Marrero recordó que los empleados de la Administración de Justicia han visto mermado su salario en 2012, mientras las tarifas de los abogados "se han mantenido".
La reacción de los representantes de los perjudicados es la resignación. "A nadie le gusta que le bajen un euro, pero la situación es difícil y hay que ser solidarios", aseveró el decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa. Por su parte, Óscar Muñoz, decano de los procuradores de esta provincia, interpreta que el colectivo ha salido "medianamente bien parado dentro de la reducción" tras el proceso negociador.
