A Rafael Castellano le ha estallado en las manos la tensión desatada en Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan) tras la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el que debe pronunciarse en semanas el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El propio director gerente de la empresa pública está afectado por la medida. Afloran comportamientos que, a decir de los trabajadores, pesan en la actual situación. Entre ellos las clases de inglés que recibió Castellano, aunque "la empresa no mantiene ningún tipo de relación comercial con países o empresas" anglosajones, explicaron fuentes de la plantilla.
"Tener la máxima formación en la empresa no es negativo, pero sí que con dinero público solo la tengan algunos, en concreto en este caso el que toma las decisiones", explicaron las mismas fuentes, que añadieron que "parece claro que en este caso ese gasto lo tendría que haber pagado [Castellano] de su bolsillo".
En sendas facturas que obran en poder de este periódico, una academia con sede en la zona de Triana de la capital grancanaria cobró 513 y 456 euros, en los meses de noviembre de 2008 y febrero de 2009, respectivamente, "en concepto de clases de inglés impartidas a un empleado de Gesplan, SA".
Más dolorosa resulta, a juicio de los trabajadores, la factura por valor de 2.990 euros que abonó Gesplan por un curso de inglés presencial en Londres de 20 jornadas de duración, comprendidas entre el 9 de julio y el 31 de agosto de 2007. Costó a las arcas públicas 2.990 euros y en el documento de cobro emitido por el proveedor, consta el nombre de Rafael Castellano como receptor del curso.
Además, otras facturas de una agencia de viajes sitúan al director gerente de la empresa pública en la capital británica. Es decir, también el traslado corrió a cuenta de todos los canarios. En el abono de viajes de Rafael Castellano en febrero de 2008, figura un viaje Las Palmas-Madrid-Londres y regreso por la misma vía, que supusieron otros 1.529,27 euros a las arcas públicas
En la relación de gastos que podrían evitarse se encuentra también una plaza de garaje en el mismo edificio de la calle Francisco Gourié en el que la empresa pública tiene sus oficinas. En el año 2008, Gesplan pagaba por ella 162,31 euros. Sin embargo, en la cercana calle Venegas, la sociedad mercantil pública tiene trece plazas para dejar vehículos, según fuentes consultadas.
Pago de multas de tráfico
Los trabajadores denuncian también que la empresa llegó a pagar una multa de tráfico de cien euros. En lugar de que fuera el conductor del vehículo quien hiciera frente a las infracciones cometidas, se abonaban con dinero público.
La plantilla está indignada por el modo en que se gestionaban los fondos -públicos- de la empresa. En estos momentos está a la espera de que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) puesto en marcha este año.
El comité de empresa decidió judicializar el recorte de plantilla al entender que habían existido numerosos errores en la tramitación del ERE. Además, aseguraron que la empresa sigue recibiendo encargos de trabajo que se ocultaban en las cuentas para, así, poder justificar los despidos. Los afectados son 34 empleados, de los que 24 prestaban servicios en Las Palmas de Gran Canaria y los diez restantes en Santa Cruz de Tenerife. Tampoco el propio Rafael Castellano ha podido escapar a los efectos del ERE.
En paralelo, la Fiscalía abrió diligencias para averiguar si se produjo malversación. El denunciante fue el secretario de Acción Sindical del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, que ha ampliado la documentación recientemente.
