El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, Francisco Hernández Spínola, reconoció ayer que es "probable" que la decisión del Ejecutivo de recortar el 20% de jornada y sueldo a 3.300 empleados públicos acabe en el Tribunal Constitucional y que sea éste el que tenga "la última palabra" sobre esta medida.
"Bienvenido sea un pronunciamiento del Constitucional sobre este asunto si a cambio hemos logrado mantener el empleo público y no hemos despedido a nadie en la Comunidad Autónoma", aseguró el consejero socialista, después de conocer que el Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, haya solicitado a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que, en virtud de su competencia, interponga un recurso de inconstitucionalidad contra esta iniciativa.
Hernández Spínola admitió que el Ejecutivo ha "sorteado y apurado la legalidad" nacional y las directivas europeas para poder garantizar los puestos de trabajo en el sector público. Insistió en que el descuento en las nóminas del personal laboral e interino desde el 1 de enero es una cuestión "controvertida" y el Gobierno autonómico es "muy consciente de la dificultad legal" para ejecutarla. Así, resaltó que la reforma laboral aprobada por el Estado el pasado año lleva a aplicar despidos colectivos en las instituciones públicas, al no permitir expedientes de regulación de empleo suspensivos.
"Para mí era mucho más fácil aplicar la reforma laboral como han hecho otras autonomías y despedir hubiese resuelto el problema, pero hemos tenido la voluntad política inequívoca de mantener el empleo", manifestó el titular de Presidencia, a quien no le "sorprende" la postura de Saavedra, pues la norma es interpretable. Con todo, comentó que las sentencias del Constitucional "se demoran años" y, entretanto, se habrán salvado empleos públicos en una región con el 33% de paro. "Haremos lo imposible para evitar expulsarlos", concluyó.
