La supresión definitiva de la compensación canaria al Estado por el ITE acordada el pasado miércoles entre las administraciones central y regional pone fin a una práctica largamente denunciada por todos los estamentos isleños y acaba con uno de los elementos que restaba financiación autonómica al Archipiélago. A la espera de conocer los detalles del finiquito de esta retención financiera a las Islas, el Gobierno regional se congratula de entrada por la mejora de en torno a 160 millones de sus ingresos para el próximo año. Esta es la cantidad que se supone que el ministerio de Hacienda condonará a la comunidad autónoma del total de 192,8 de retención establecida en los presupuestos estatales del 2016. Con esa cifra, el total de retenciones practicadas a Canarias por este concepto desde el 2002 ascendería a casi 2.900 millones (2.884,5). El acuerdo, si se confirma la condonación de esos 160 millones el próximo año, limita el trasquilón a 2.724,5 millones.
Tanto el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, recordaron el miércoles que la supresión de esta compensación financiera al Estado por parte de la comunidad autónoma era una histórica reclamación canaria. A partir de ahora, Canarias contará con una mejor financiación regional y por tanto con más recursos para hacer frente a sus medidas de política económica y de cobertura de sus servicios básicos, sanidad, educación y asuntos sociales. El ITE (Impuesto General de Tráfico de Empresas) es un tributo estatal que desapareció en Canarias con la entrada en vigor del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) en 1993 al quedar subsumido en él. Se estableció desde entonces una compensación anual al Estado, por la pérdida de esos ingresos, que se incluía cada año en los Presupuestos Generales del Estado.
La liquidación de estas compensaciones se realiza dentro los mecanismos de aplicación del sistema de financiación autonómica, y ha ido variando según la recaudación de los distintos componentes del IGIC y en función de la situación económica de las Islas. Pero desde el principio, los distintos gobiernos canarios, apoyado en general por los sectores empresariales, fueron reclamando un descreste de este impuesto hasta su completa desaparición. Esa reclamación fue atendida parcialmente por el gobierno central, del PP o del PSOE según los casos, en distintos momentos a partir de determinados acuerdos presupuestarios entre CC y el partido que gobernara en el Estado.
Primero se acordó alguna reducción de la retención durante los acuerdos parlamentarios de CC con José María Aznar (1996- 2000). Más tarde se hizo lo propio en el apoyo nacionalista a José Luis Rodríguez Zapatero (2008-2011). En concreto, se pacto que durante los ejercicios del 2010 y 2011 se reduciría la compensación en 50 y 100 millones respectivamente, cantidades que se destinarían a la creación de planes de empleo. Con todo, los respectivos ministros de Hacienda siempre se habían negado a acabar totalmente con la compensación.
El rechazo canario a esta práctica ha pasado por distintas etapas. El desacuerdo entre el Gobierno de Canarias y el central sobre si debía o no someterse a una liquidación al final de cada ejercicio produjo una deuda de 405 millones correspondiente al periodo 1993-2007. En 2009, ambas partes llegaron a un acuerdo y se estableció que esa deuda se iría liquidando año a año durante 12 ejercicios a razón de 33,7 millones adicionales a lo consignado en los correspondientes presupuestos estatales. Hasta la fecha, el Estado ha liquidado 168,5 millones, de manera que le resta otros 236,5 millones. Esa cantidad, en teoría, queda fuera de la condonación del ITE acordada. Por lo que el Estado aún seguirá descontando 33,7 millones anuales hasta completar la deuda pendiente.
La compensación por el ITE fue también uno de los argumentos incluidos por el gobierno de Paulino Rivero en el recurso de inconstitucionalidad contra los presupuestos estatales de 2012, por el supuesto impacto negativo sobre los ingresos que corresponden a la Comunidad Autónoma, y contravenir así los artículos 156.1 y 157.1 de la Constitución, y el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, además de no tener en cuenta la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas del 2009 (Lofca). El Tribunal Constitucional desestimó el recurso y recordaba que la propia Lofca, "se refiere expresamente a dicha compensación, con lo que decae el argumento de la ilegalidad de la misma".
