El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aaron Afonso, aseguró hoy que está comprometido con la implantación de la nueva oficina judicial, aunque no habló de plazos, y atribuyó al "maltrato del Estado" el que aún no esté en marcha en las islas, como sí ocurre en otros territorios del país.
Afonso, quien acudió a una comisión parlamentaria para informar de sus planes para la implantación de la oficina judicial, no convenció al diputado del PP Emilio Moreno, autor de la solicitud de comparecencia, quien se marchó "desalentado y entristecido" por la falta de compromiso del consejero.
Moreno vaticinó que en 2019, cuando concluya la legislatura, Canarias seguirá sin contar con este elemento modernizador de la administración de justicia, cuya implantación está paralizada en las islas desde 2008, afirmó.
Afonso explicó que para poder implantar la nueva oficina judicial es preciso negociar con los representantes de los trabajadores la relación de puestos de trabajo, lo que requiere un nuevo régimen retributivo.
Pero para que esa nueva relación de puestos de trabajo se pueda negociar, la Comunidad Autónoma debería hacer efectivo el complemento específico transitorio al que se comprometió con los trabajadores.
Ese complemento específico no ha sido abonado porque el Estado, como consecuencia de la crisis, impide que se apliquen incrementos retributivos a los empleados públicos en aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, indicó Afonso.
El consejero atribuyó también la falta de avances en este campo al "maltrato del Estado", al ser Canarias una de las regiones peor financiadas.
El Estado, como se ha reservado para sí un mayor margen de déficit, ha podido implantar la oficina judicial en lugares donde las competencias no han sido transferidas a la correspondiente comunidad autónoma, como Burgos, León y Murcia, según sus explicaciones.
Otra razón para el retraso de la implantación de la oficina judicial es la incertidumbre sobre el modelo organizativo de la administración de justicia que quiere realizar el Ministerio, agregó.
Pese a todo, Aaron Afonso insistió en que tiene "la firme voluntad" de implantar la oficina judicial y de hecho su departamento "no descansa" en los asuntos que no tienen relación con la organización del personal, de manera que sigue preparando "guías, modelos, manuales, instrucciones y protocolos".
Emilio Moreno, diputado del PP, lamentó que en Canarias se mantenga "la oficina judicial del siglo XIX", denunció que desde 2008 no se haya avanzado y mostró su desánimo después de que el nuevo consejero dé a entender que el proyecto seguirá en el aire en el futuro.
La novedad en la intervención del nuevo consejero de Justicia respecto a las justificaciones de su antecesor es que ahora "echa la culpa a Madrid" por no poder pagar un complemento específico negociado en 2006 y que tendría que haberse aplicado en 2011, cuando el PSOE estaba aún en el Gobierno central, se quejó Emilio Moreno.
Francisco Hernández Spínola, el anterior consejero, "ni siquiera se atrevió a justificar el retraso de la nueva oficina judicial con el argumento de este complemento específico" que negoció la Comunidad Autónoma con los sindicatos, "no Madrid", agregó.
Emilio Moreno puso ejemplos de otros territorios donde la oficina judicial ya está en fase de implantación, ya sean con las competencias transferidas, como en Cataluña y el País Vasco, o bien donde el competente es el Ministerio de Justicia, como Burgos, Murcia, Cáceres, Ciudad Real y León.
El representante del PP se mostró "profundamente desazonado" por la falta de compromiso del consejero y vaticinó que tras esta comparecencia queda claro que Canarias no tendrá la nueva oficina judicial al menos hasta 2019 "o hasta que venga otro consejero con mayor intención".
