La Federación Canaria de Islas (Fecai) exige al presidente autonómico, Fernando Clavijo, pruebas que certifiquen que se respetará el reparto justo de fondos del convenio de carreteras en vigor. El presidente de turno de la institución y mandatario del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, espera que el principio de acuerdo alcanzado entre la corporación insular tinerfeña y la Consejería regional de Obras Públicas no conlleve un desequilibrio en la distribución de recursos.
En el encuentro del martes entre el presidente tinerfeño, Carlos Alonso (CC), y la consejera Ornella Chacón (PSOE) la salida que se puso sobre la mesa es que este cabildo costee la finalización de obras en ejecución a cambio de que los 15 millones de euros presupuestados para 2016 en el convenio de carreteras, firmado con Madrid, se destinen a iniciar las obras del tramo nuevo del anillo insular. Esta operación debe cumplir otras dos premisas: no romper la igualdad inversora entre las Islas y que ninguna obra en ninguna isla se pare o ralentice.
Morales advierte que la capacidad de los cabildos de las islas menos pobladas no es la misma que la que Gran Canaria y Tenerife. No pueden disponer de fondos propios porque sus presupuestos de gastos tampoco son iguales. Por la misma razón tampoco pueden prefinanciar. Inevitablemente habrá desequilibrio en el ritmo de las infraestructuras.
Y si lo que pretende Alonso es forzar una prefinanciación para los 300 millones que cuesta la obra y a que el Gobierno le devuelva el dinero en unos años, también debe explicar Clavijo cómo se hará ya que, a priori, parece inviable.
La prefinanciación de las obras en marcha por parte del Cabildo de Tenerife computaría como déficit y deuda para el Gobierno autonómico, y afectaría al equilibrio de fondos entre todas las Islas, según fuentes técnicas consultadas. Por ello, mañana los siete presidentes de cabildos se reunirán en asamblea con Clavijo en Gran Canaria y le exigirán aclaraciones. La Fecai reclama informes técnicos del departamento de Hacienda que recojan las posibles soluciones para sortear esos obstáculos.
"Cualquier fórmula debe pasar porque no haya desigualdad entre islas", advirtió Marcial Morales, que reivindicó que "la prefinanciación de algunos no puede perjudicar a los demás".
En todo caso, si la intención final de Tenerife fuera posible la prefinanciación por parte del Cabildo tinerfeño, el quid de la cuestión estriba en cómo queda la ficha financiera global para que "eso no desequilibre todo a favor de las islas capitalinas", indicó Morales, que confía en que este sábado "impere la cordura" y se alcance un acuerdo "entre todos" para un reparto equitativo de los fondos.
"Es muy torpe dividirnos porque el PP y el Gobierno del Estado están frotándose las manos", lamentó el presidente majorero, que hizo un llamamiento a la unidad de los cabildos para demandar a Madrid los 220 millones de euros que tiene que poner cada año en carreteras, pero que se han quedado en 94 millones los presupuestos generales del Estado para 2016, incluidos los 27 millones para la carretera de La Aldea y 15 millones para el anillo insular de Tenerife. El resto, 52 millones, "son migajas", denuncióa.
Es más, avisó de que el Cabildo de Fuerteventura adoptará medidas si en la distribución de fondos no se cumplen los 22 millones que les corresponden para concluir las vías entre Costa Calma-Pecenescal y La Caldereta-Corralejo.
Ya en la anterior legislatura el Cabildo de Gran Canaria trató sin éxito de prefinanciar la carretera de La Aldea y la cuarta fase de la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, pero el entonces titular de Hacienda, Javier González Ortiz, no pudo aceptarlo, aunque barajó diversas alternativas para intentar que no se contabilizara como deuda ni como déficit para la Comunidad Autónoma y, así, no lastrar las arcas públicas. Fue imposible. Ortiz tenía las manos atadas porque el Ministerio de Hacienda, de Cristóbal Montoro, se cerró en banda y no permitió que ese tipo de préstamo entre instituciones quedara fuera del cómputo de deuda y déficit.
Otra cosa sería que en el nuevo clima de entendimiento con Madrid la actual responsable de Hacienda, Rosa Dávila, logre que el ministro acceda a que esta vez no se contabilice. Sin embargo, en su contra juega que el presupuesto regional ya está al límite de déficit y deuda autorizado y la advertencia de Bruselas de que España va a incumplir el objetivo de déficit.
