La Consejería de Política Territorial ha despedido al director gerente de la empresa pública Cartográfica de Canarias (Grafcan), Bernardo Pizarro, y ha iniciado una investigación interna tras el descubrimiento de irregularidades en un contrato en el que participa la sociedad mercantil en El Salvador. Entre las acciones que se han tomado figura una auditoría, encargada a PriceWaterHouseCoopers, para aclarar la situación financiera de la operación renegocia el acuerdo con el gobierno salvadoreño y con su socio en la UTE, la empresa gallega Toponort, para evitar un riesgo patrimonial a la sociedad.
El objetivo del nuevo equipo de la Consejería, que dirige Nieves Lady Barreto, es reconducir el escenario de riesgo financiero al que se enfrenta Grafcan como consecuencia de las actuaciones de Pizarro en un contrato de servicios, suscrito en 2013. La sociedad mercantil está pendiente del informe de la auditoría pero, por lo pronto, Grafcan tiene hipotecada su sede de la capital grancanaria.
El departamento autonómico se ha encontrado con un problema que ya intentó encauzar el anterior titular del mismo, Domingo Berriel. Las alarmas han saltado cuando se ha detectado que Pizarro firmó tres pagarés de 2,8 millones de dólares (2,4 millones de euros) cada uno sin que el consejo de administración de la empresa fuera informado. Los rectores de la Consejería y de la sociedad mercantil se han visto con las manos atadas y en la tesitura de no poder rescindir el contrato en El Salvador porque se enfrentan a multas y reclamaciones que podrían alcanzar los 4,5 millones de dólares (3,95 millones de euros), lo que pondría en riesgo el patrimonio y la propia viabilidad de Grafcan.
Informe interno
Un informe interno encargado por el Ejecutivo a la empresa critica la "falta de transparencia" con la que se ha desarrollado el contrato desde que Grafcan entró en la UTE con Toponort y acusa al gerente de la empresa en El Salvador de tomar decisiones unilaterales tanto técnicas como económicas, disponiendo de fondos sin contar con la empresa canaria, lo que provoca "inseguridad" en la ejecución del proyecto, que tiene un presupuesto de 14,26 millones de dólares (12,5 millones de euros).
En junio, con el Gobierno canario en funciones, se remitió un requerimiento notarial al gerente de la UTE en El Salvador, Laureano del Castellar, en el que le advierte con la interposición de acciones legales y la exigencia de responsabilidades para salvaguardar los intereses de Grafcan. El Ejecutivo le advierte al gerente que los poderes otorgados a Pizarro le fueron retirados en febrero y la prohibición expresa de la utilización del nombre de Grafcan para cualquier operación financiera de endeudamiento por parte de la UTE. También se le solicita toda la documentación disponible para poder formular las cuentas anuales de Grafcan correspondientes al ejercicio de 2014.
En el contrato firmado con el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador, Grafcan forma parte de una unión temporal de empresas en la que la sociedad pública canaria realiza un 11% del trabajo cartográfico encargado por el país centroamericano. Este trabajo está prácticamente realizado pero el Ejecutivo se ve en una difícil tesitura debido a las gestiones opacas del exgerente y a la falta de información por parte de la empresa gallega. El temor de Grafcan es que rescindir el contrato supondría una sanción de 1,5 millones de euros, por un lado, por responsabilidad solidaria y de otros 2,8 millones, por otro, que fueron entregados como aval, para lo que se hipotecó la sede de la empresa en Gran Canaria. Nieves Lady Barreto advierte que Grafcan no puede asumir estas cantidades porque resultarían gravosas para la misma.
Tras conocerse la existencia de los tres pagarés de 2,8 millones de dólares cada uno, se ha encargado un informe pericial para determinar el alcance de los mismos. Asimismo se ha propuesto un plan de trabajo consensuado con el Gobierno salvadoreño y con Toponort.
La consejera Nieves Lady Barreto aseguró ayer en la Cadena Ser: "no podemos permitir que este hecho puntual contribuya a desprestigiar a una empresa pública de reconocida valía dentro y fuera de Canarias. Es necesario destacar la buena labor profesional de sus trabajadores, que luchan para que el proyecto de Grafcan sea puntero cada día y un referente internacional en el sector de la información cartográfica".
Esta situación también ha modificado las atribuciones de la Gerencia, ya que hasta ahora su titular tenía plenos poderes para formalizar contratos y utilizar los fondos de la empresa. A partir de ahora se eliminan estos poderes absolutos de los cargos directivos, de tal forma que el director general y el gerente comparten sus funciones y responsabilidades de forma mancomunada. Ya en febrero de este año el anterior consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, retiró a Bernardo Pizarro sus atribuciones exclusivas y designó a Juan Guedes como consejero delegado de la sociedad mercantil.
