Los fondos del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (ITE) no figuran en la ley 9/2003 de financiación de las haciendas territoriales canarias, que es la que regula el reparto de los tributos del REF entre la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos. El Ejecutivo ha encargado informes técnicos y jurídicos para justificar que la compensación por este antiguo gravamen es dinero que se le ha restado a la Comunidad por el Estado desde 1993 del sistema de financiación autonómica y no de los fondos que reciben las corporaciones locales de los tributos del REF, es decir, el IGIC, el AIEM y el impuesto de matriculaciones.
En las últimas dos décadas el Estado ha retenido unos 2.700 millones de euros por la compensación del ITE. A lo largo de estos años los acuerdos políticos alcanzados entre el Gobierno canario y el del Estado han propiciado que estas retenciones se hayan aminorado.
Los informes técnicos argumentan que en el bloque de financiación canario que regula la ley de 2003 no se menciona el ITE cuando se legisla el reparto de los fondos a razón del 58% para las corporaciones locales y el 42% para la Comunidad Autónoma.
En 2009 el Gobierno canario, presidido entonces por Paulino Rivero, alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo central, en manos del PSOE, para ceder a Canarias el 50% de la retención del ITE, lo que equivalía a 100 millones de euros anuales. Asimismo se negociaron 70 millones más adicionales para desarrollar un plan de empleo con los cabildos y ayuntamientos, un escenario similar al que se está planteando ahora seis años después.
Las presiones ejercidas por los alcaldes y los presidentes de los cabildos propiciaron que esos 100 millones no fueran a parar íntegramente a las arcas autonómicas, como era la previsión del Ejecutivo, sino que se aplicará lo estipulado en la ley de financiación de las corporaciones locales de 2003 para repartirlos bajo el sistema del 58%-42%.
Cabildos y ayuntamientos querían evitar lo que sucedió en 1997 cuando se firmó el primer convenio de carreteras, en el que ya se había cedido una parte de la retención del ITE para las inversiones en las vías públicas, pero en la bolsa común de las arcas autonómicas y sin especificar el destino concreto de los fondos.
A raíz del acuerdo del 2009, los presupuestos autonómicos han ido recogiendo año tras año el reparto pactado en el capítulo de las transferencias a las corporaciones locales. De esta manera, 37 millones han ido a parar a la financiación de los cabildos y 20 millones a los ayuntamientos procedentes del ITE en los últimos cinco años. La Comunidad Autónoma se ha quedado con 42 de los 100 millones pactados.
Los 70 millones adicionales para el plan de empleo duraron dos presupuestos del Estado, 2010 y 2011, ya que con la llegada del PP a La Moncloa esta consignación se eliminó en 2012.
División socialista
A falta de que los servicios jurídicos del Gobierno se pronuncien, la posición del Gobierno es que el ITE no son fondos del REF, por lo que su reparto con las corporaciones locales no está necesariamente sujeto al criterio de la ley de 2003. Sin embargo, la introducción de la fórmula de la triple paridad como alternativa para distribuir estos fondos es lo que ha provocado la polémica política que enfrenta al Gobierno y al Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente, Antonio Morales, defiende mantener la distribución de los 160 millones actuales conforme a los criterios de los impuestos del REF.
Pero este enfrentamiento no es sólo institucional sino también político. La presencia de los diputados socialistas por Gran Canaria en el encuentro que convocó el pasado sábado el presidente del Cabildo, Antonio Morales, no ha gustado a Coalición Canaria y al entorno del presidente Fernando Clavijo. De los tres diputados del PSOE por la Isla asistieron dos -Gabriel Corujo y Nayra Alemán- ya que la tercera diputada es la actual presidenta del Parlamento, Carolina Darias.
Este cierre de filas socialista con la posición de Morales agrieta las relaciones entre los socios de gobierno debido al desgobierno interno que viven los socialistas canarios. Mientras el PSC de Gran Canaria se ha mostrado contundente en el rechazo a la triple paridad, los socialistas tinerfeños mantienen una posición ambigua hasta que no se firme el acuerdo con el Ministerio de Hacienda la próxima semana y se sepa exactamente los fondos de los que se disponen. En las islas no capitalinas los socialistas se han posicionado a favor de la triple paridad, de hecho tanto Anselmo Pestana en La Palma como los socios de Marcial Morales en Fuerteventura no han contradicho las tesis de Clavijo.
