El exdirigente de Coalición Canaria y exdiputado en el Congreso José Carlos Mauricio declarará hoy ante el juez sobre un presunto delito de falsificación y otro contra los derechos de los inmigrantes. El fundador de ICAN, que el pasado miércoles fue citado por la Brigada de Extranjería para interrogarle, defendió ayer la legalidad de un contrato realizado a una mujer de nacionalidad cubana y explicó que lo hizo porque un amigo suyo se lo pidió, ya que a su novia le expiraba el permiso de estancia en España y, de este modo, los ayudaba a ambos a regularizar su situación en el país, mediante el arraigo familiar.

Mauricio narra que en enero de 2015 contrató a una ciudadana cubana para que realizara "diversos trabajos de documentación" en el centro de estudios que preside después de que un amigo -compañero sentimental de ella- se lo pidiera. La mujer estaba tramitando su permiso de residencia, para lo que le exigían un contrato de trabajo. "Ella tenía ya una oferta de empleo de otra empresa", expone Mauricio, "pero esta estaba en fase de constitución y el permiso de residencia caducaba, y precisaba ser contratada por una empresa ya en funcionamiento".

Su empresa tiene forma jurídica de fundación y está financiada íntegramente con recursos privados, se dedica a realizar estudios económicos y sociales sobre la realidad canaria y se encuentra en estos momentos en fase de extinción por escasos ingresos, recalca el exparlamentario.

Esta empresa contrató los servicios de la trabajadora cubana "con todos los requisitos legales incluyendo el alta a la Seguridad Social y sin aportar ningún documento falso, como se ha dicho". Según Mauricio, hubo dos razones para el contrato laboral: la primera, porque para el trabajo que le habían encargado necesitaba un apoyo de búsqueda y archivo de documentación de diversas fuentes, incluida la localización de datos e información en internet, puesto que estaba él solo para la elaboración del citado estudio.

Para realizar este trabajo, que versaba sobre el turismo en el sur de Gran Canaria, contrató a la trabajadora cubana que demostró tener la capacitación adecuada, añade. De hecho, actualmente está empleada en la otra empresa -que se constituyó definitivamente en junio de este año-, con todos los requisitos legales y ejerciendo "las mismas tareas de documentación a plena satisfacción", resalta.

La segunda razón para contratarla fue porque "de este modo ayudaba a ella y a su compañero a regularizar su situación en España mediante el arraigo familiar". Por ello, le parece "increíble" que del delito del que se le acusa "sea, paradójicamente, de atentar contra los derechos de los inmigrantes, resultando, además, que quien protege a una inmigrante es acusado de supuesto contrato ficticio por quienes quieren ahora expulsarla de España, con el consiguiente desarraigo familiar que ello implicaría".

El "único argumento" utilizado para sostener esta versión de los hechos es que el trabajo era falso porque la trabajadora desempeñaba sus tareas parte del tiempo en su casa a través de Internet, extremo que hacen "miles de personas", incluido él mismo, defiende Mauricio. Ante este hecho "tan contradictorio, solo cabe esperar que la juez instructora señora Victoria Rosell, ahora aspirante a diputada -con Podemos- explique en la próxima campaña electoral cuál es el programa de su partido respecto a la protección o agresión de los derechos de los inmigrantes", indica Mauricio, quien señala que con estos hechos tan "simples y fáciles de entender", se ha realizado una interpretación "desproporcionada y condicionada por los prejuicios".

"Lo que se ha querido es realizar eso que llaman el asesinato mediático de la imagen, en este caso la mía", afirma. Victoria Rosell eludió ayer hablar de este caso como de cualquier otro que estuviera instruyendo antes de ser candidata de Podemos.