Dos ministros, la máxima autoridad nacional en Derecho Penal y hasta el apuntador. Nadie se quiso perder ayer la cena organizada por el Colegio de Procuradores de Las Palmas en honor a su patrona, Santa Teresita del Niño Jesús, una buena excusa para darse un homenaje en el Salón Palmeras del Hotel Santa Catalina, entregar premios y abordar los retos profesionales que tienen por delante los procuradores, entre ellos la sustitución del papel por una herramienta informática que permita presentar las demandas y los escritos de tramitación de forma telemática, según explica el decano de la institución, Óscar Muñoz.
Y es que todas las comunicaciones realizadas por los profesionales de la justicia deberán ser electrónicas a partir del 1 de enero, es decir, a través de los sistemas de tramitación procesal implantados en cada Comunidad Autónoma, según establece un real decreto aprobado ayer por el Gobierno de la Nación, cuya finalidad es cumplir con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil tras su reciente entrada en vigor.
Viaje exprés
El Ministerio de Justicia gestiona de manera directa estos asuntos en seis regiones, pero esto no ocurre en Canarias, que tiene las competencias de la Administración de Justicia transferidas. Y es ahí donde surge el problema, porque los juzgados isleños no están en disposición de incorporar a su sistema esa herramienta para cumplir con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, según ha reconocido el propio consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Aarón Afonso.
Esa preocupación por el retraso en la implantación de las comunicaciones electrónicas se la transmitió ayer Muñoz al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien, por la mañana, participó en el Consejo de Ministros que aprobó el decreto y, por la tarde, viajó hasta la capital grancanaria para dar una conferencia sobre otro de sus proyectos, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre. Luego, por la noche, asistió a la cena organizada en el Hotel Santa Catalina.
El decano de los procuradores en Las Palmas, además de reclamar ese avance para que los abogados, los procuradores y los graduados sociales puedan tramitar los documentos de manera telemática, ensalzó la figura del procurador, que ha salido reforzada con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al ser considerado un colaborador de la Administración de Justicia y consolidarse su capacidad de certificación como fedatario público. En la actualidad realizan el 95 % de las notificaciones a través del LexNet, que es el sistema promovido por el Ministerio de Justicia para el intercambio de información digital entre los distintos operadores. Esta plataforma, que funciona en las Islas desde hace dos años, es la que debe desarrollar ahora el Gobierno regional para incorporar a la gestión de los escritos de demanda, tramitación y traslados. Esto permitirá acabar con la asistencia física en horario de oficina y posibilitará hacer esos trámites en cualquier momento.
Catalá ha reconocido que Canarias ha sido pionera en la utilización del sistema de gestión procesal, incluso ha ido por delante del Ministerio de Justicia. También que aplicar el expediente digital desde el 1 de enero es "un desafío", pero abogó por rebajar "las expectativas" porque eso "no significa que ese día pasemos a una Justicia digitalizada cien por cien", dijo a Efe antes del acto. El ministro espera que esas disfunciones estén resueltas en el primer semestre de 2016.
También defendió el sistema de plazos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que limita la instrucción a seis meses en la causas simples y a 18 meses en las complejas, aunque con un mecanismo de prórrogas, pues "los plazos forman parte de la vida" y hay que darle una respuesta al ciudadano en un tiempo "razonable", añadió Catalá. Jueces y fiscales han rechazado esos límites temporales al no venir acompañados de medios para cumplirlos, entre otros argumentos dados en diferentes asambleas sectoriales.
Distinciones
El secretario de la Mutualidad de Procuradores, Francisco Bethencourt, entregó las insignias y diplomas a tres profesionales distinguidas por sus 25 años de trabajo: Josefa Cabrera Montelongo, Encarnación Pinto Luque y María del Carmen Benítez López, esta última esposa del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria. De ahí su presencia en el acto junto al ministro del ramo, Rafael Catalá, el otro invitado de excepción junto al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), Manuel Marchena.
Los dos ministros y el magistrado compartieron mesa presidencial con las principales autoridades judiciales isleñas, entre ellas el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, y el fiscal superior, Vicente Garrido. Asimismo asistieron el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, César García-Otero, recién reelegido en el cargo; el presidente de la Audiencia de Las Palmas, Emilio Moya; el fiscal jefe en la misma provincia, Guillermo García-Panasco; la magistrada del TSJC Carla Bellini; el presidente de la Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas, Miguel Ángel Parramón, y su compañero en el mismo tribunal, Pedro Herrera, que recibió el premio Balanza de Plata por su labor como viceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, puesto en el que cesó el pasado mes de septiembre para reincorporarse a la judicatura.
El acto comenzó a las 21.00 horas con el recibimiento de las autoridades en el hotel Santa Catalina por parte de la junta directiva del Colegio de Procuradores de Las Palmas. Luego, tras el cóctel de recepción, se entregaron los galardones y comenzó la cena, a la que asistieron unas 150 personas, la mayoría procuradores.
