Las discrepancias entre los dos grupos que sustentan el Gobierno (Coalición Canaria y el PSOE) por el destino de los fondos del Impuesto sobre el Tráfico de Empresas (ITE) se evidenciaron ayer de nuevo en el pleno del Parlamento autónomo. El portavoz del grupo socialista, Iñaki Lavandera, reclamó que una parte de los 160 millones del ITE vayan a inversiones para centros sociosanitarios. Esta propuesta la defendió recientemente la vicepresidenta y consejera de Empleo y Políticas Sociales, Patricia Hernández, tras reunirse con las consejerías de Asuntos Sociales de lo siete cabildos. Pero el presidente, Fernando Clavijo, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, dejaron claro ayer que los fondos deben ser para inversiones productivas, como las contempladas en el Eje Transinsular de Transportes, y para obras hidráulicas, "que no impliquen un mayor gasto publico después de que se acabe la obra", en palabras del jefe del Ejecutivo. Rosa Dávila abundó al respecto que tienen que ser "inversiones estratégicas con un efecto multiplicador" y no para construir centros sanitarios que luego generan gasto público en personal o en funcionamiento que ha de pagar la Comunidad. Según la consejera, para ese tipo de infraestructuras ya se destina el resto del presupuesto.
Lavandera pidió a la titular de Hacienda que "escuchen" los argumentos del PSOE y recordó que las áreas sociales de todos los cabildos quieren que se destinen esos recursos a nuevos centros para atender a dependientes, que esas inversiones crearán empleo a corto y largo plazo, otro de los objetivos del nuevo Plan de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Pdcan), y, por tanto, generarán productividad.
Por su parte, el diputado del PP, Miguel Jorge Blanco, criticó las peleas que han surgido en torno al reparto del ITE por las distintas propuestas de Clavijo, incluida la que mantiene "con la vicepresidenta por la dependencia". En cuanto al nuevo Pdcan, exigió al Gobierno canario que lleve al Parlamento un documento claro ya que, en su opinión, el que presentan solo contiene vaguedades.
Para Noemí Santana, de Podemos, el plan de Clavijo es una "estrategia electoralista" de un Gobierno que se conforma con "la migajas" de Madrid, como denominó a los 160 millones del ITE, en vez de reclamar los "miles de millones" que el Estado adeuda a Canarias.
