El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria exige una fianza de 35 millones de euros a la Empresa Seguridad Integral Canaria por el posible perjuicio económico derivado de los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a los que se enfrenta.
El magistrado Salvador Alba, que se hizo cargo del juzgado el mes pasado al pedir Victoria Rosell la excedencia para presentarse a las elecciones en la lista de Podemos, notificó ayer la apertura de la pieza separada por la responsabilidad civil. Ese trámite lo solicitó siete veces la Fiscalía de Delitos Económicos a la anterior juez instructora, la primera en abril de 2014, dos meses después de presentar la querella contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, pero Rosell no resolvió la petición de la fiscal Eva Ríos, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento de los efectos económicos derivados del proceso penal.
El nuevo magistrado también desbloqueó otra diligencia de la Fiscalía que llevaba parada desde el paso mes de julio. Se trata de la ampliación de la querella a los ejercicios económicos 2010, 2011, 2012 y 2013, pues la Administración Tributaria sólo había revisado los años 2008 y 2009 cuando esta se interpuso. Por eso, al llegar más informes, el ministerio publicó solicitó a Rosell que citará al empresario para preguntarle por los nuevos delitos. Esto lo hizo Alba el pasado día 30, pocas semanas después de incorporarse al juzgado y comenzar a revisar el pleito.
La fiscal, antes del verano, elevó una queja al Consejo General del poder Judicial (CGPJ) por el supuesto "retraso injustificado" en la instrucción, pero el promotor de la acción disciplinaria, tras recabar explicaciones a Rosell, archivó el expediente porque no halló ninguna anomalía en la investigación.
Ambas acabaron a gritos en el despacho de la magistrada y Ríos denunció a Rosell por no tramitar sus diligencias y proteger a Ramírez como si fuera un testigo, entre otras anomalías y desconsideraciones que supuestamente sucedieron en ese despacho. La juez, dos meses después de la discusión, se quejó al Consejo Fiscal por la actuación de su colega, y la responsabilizó de causar el retraso en la investigación por dar órdenes a su espaldas a los peritos de Hacienda. Ese conflicto motivó que la Administración Tributaria se demorase en analizar el resto de ejercicios económicos, tal y como solicitó la Fiscalía y las demás acusaciones desde el inicio de la investigación.
A pesar de que las quejas se archivaron y no hubo sanciones, esos desencuentros durante la instrucción vuelven a salpicar a Rosell. Su pareja, el periodista Carlos Sosa, firmó el pasado el 28 de octubre un contrato para alquilar su frecuencia de radio a la UD Las Palmas, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramírez, es el principal imputado en el fraude tributario que investigaba la magistrada. Rosell obtuvo la excedencia para presentarse por Podemos al Congreso el 22 de octubre, pero varios testigos aseguran que Sosa comenzó a negociar ese acuerdo con los directivos del club amarillo a mitad de mes, es decir, antes de que la juez dejase el juzgado. La fiscal ha abierto diligencias recabar información sobre esa operación, con la finalidad de elevar otra queja al CGPJ si entiende que Rosell debió apartarse de la causa desde que su compañero empezó a negociar con UD. Ayer declaró en Fiscalía Francisco Chavanel, que informó en su radio del negocio radiofónico.
