El Gobierno canario tiene previsto potenciar y reforzar el funcionamiento del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, después de varios años de recortes presupuestarios que han provocado que esté casi paralizado y sólo se limite a publicar el informe anual sobre la situación económica, social y laboral de Canarias. Por lo pronto lo que ha hecho el Ejecutivo, a través de los grupos que le respaldan en el Parlamento, es introducir un apartado en el artículo 40 de la ley de presupuestos de 2016 para que el presidente del CES tenga un sueldo equivalente al de un consejero del Gobierno (66.075,62 euros anuales) y los dos vicepresidentes cobren como un director general, cuya retribución está fijada en 59.069,14 euros.
Las reacciones a esta enmienda, introducida antes de la aprobación definitiva de las cuentas, no se ha hecho esperar. Aunque el CES está adscrito a la Consejería de Empleo, en manos del PSOE, fuentes vinculadas a los socialistas en el Ejecutivo advierten que la enmienda fue incluida por Coalición Canaria. Los grupos de la oposición, entre ellos Podemos y Nueva Canarias, critican que se incluyan por la puerta de atrás estas retribuciones que "inflan" la nómina de altos cargos, cuyo incremento ya ha supuesto unos 600.000 euros más de gasto que en el pasado ejercicio.
La Ley 1/1992, que regula el CES, establece que "los miembros del Consejo no percibirán remuneraciones salvo el presidente y vicepresidentes". Sin embargo, fuentes cercanas al CES aseguran que hasta ahora ni los presidentes ni los vicepresidentes que han pasado por este órgano han cobrado del mismo. En las leyes de los presupuestos de los últimos años no se habían establecido las retribuciones a las que tienen derecho los máximos mandatarios del CES y es en la ley de 2016 donde ya se fijan junto a las de los miembros del Gobierno, presidente del Consejo Rector de la RTVC, presidente y consejeros del Consejo Consultivo y directivos de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad Autónoma.
Esta situación da pie a que tanto desde la oposición como entre algunos miembros del CES exista la sospecha de que el Ejecutivo actual quiere nombrar nuevos cargos en este órgano consultivo. Es sabido que el actual presidente, Fernando Redondo, quiere dejar el puesto y así se lo ha comunicado en varias ocasiones al Ejecutivo. Redondo lleva más de diez años al frente del CES gracias al apoyo de los representantes empresariales y sindicales, que son los mayoritarios en el pleno. Además, también forman parte del CES las cámaras de comercio, los consumidores y usuarios y expertos.
Sin embargo, son los miembros del pleno del CES los que eligen al presidente y a los vicepresidentes y no el Gobierno. El Ejecutivo tiene la potestad de designar a dos personalidades de reconocido prestigio, que actualmente son Fernando Redondo y Ana González. Si el Gobierno eligiese a dos nuevos representantes, éstos se tendrán que someter al pleno y es la mayoría representada por empresarios y sindicatos la que tiene en sus manos la designación de un nuevo presidente.
Pese a que la ley de presupuestos recoge explícitamente las retribuciones del CES, el órgano consultivo ve reducido su presupuesto este año en un 2,4% con respecto a 2015 con 539.182 euros frente a los 552.559 del pasado año. El CES ha perdido la mitad de su presupuesto en los años de la crisis ya que llegó a superar el millón de euros y ahora apenas supera el medio millón.
