El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado su visto bueno al plan contra la explotación laboral que impulsa la vicepresidenta Patricia Hernández y a partir del segundo semestre del año enviará al Archipiélago un total de 40 inspectores con los que reforzará la plantilla habitual de la Inspección de Trabajo. El objetivo principal es aflorar empleo irregular. Esto es, falsos contratos a tiempo parcial o simplemente sin contrato de ningún tipo.
Empleo ha enviado ya a Canarias el borrador del convenio aceptando la solicitud del Ejecutivo regional y la previsión es que en un mes pueda estar ya firmado. Los nuevos efectivos, explicó ayer la directora general de Trabajo, Ana Isabel Fernández Manchado, llegarán en dos tandas por periodos de tres semanas cada uno. Según el acuerdo, del que quedan cerrar algunos detalles, la Comunidad Autónoma de Canaria se hará cargo en ese tiempo del traslado, gasto de alojamiento y la manutención de los funcionarios. En su plan de trabajo una finalidad: llevar a cabo al menos cuarenta inspecciones cada uno.
En total se completarán 1.600 que complementarán a las que realizan desde que en 2012 el Ministerio pusiera también en marcha un programa en toda España para tratar de reducir el fraude laboral. En 2014 los 66 inspectores y subinspectores de las Islas -35 en Las Palmas y 31 en Santa Cruz de Tenerife- afloraron 4.627 empleos sumergidos, un 16% más que en año anterior. En el total de España el incremento se cifró en el 3,6%.
Los números denotan que las inspecciones en las Islas tienen resultados positivos -se hicieron 24.635 ese año- pero también que el nivel de fraude es elevado. A ojos de los responsables de la Consejería de Empleo, por tanto, el programa del Ministerio parece insuficiente.
Hernández ya advirtió al inicio de la legislatura que su departamento, amén de acompasar las cifras del desempleo, pondría la lupa en la calidad del empleo. Para ello se fijó en un programa similar puesto en marcha por el Gobierno de las Islas Baleares entre agosto y septiembre pasados. La otra comunidad eminentemente turística con un refuerzo de 31 inspectores descubrió que más del 11% de los contratos a tiempo parcial revisados enmascaraban jornadas superiores. Afloraron casi 2.000 contratos en situación de fraude de ley y en total 4.000 personas vieron mejoradas sus condiciones de empleo.
Baleares ha solicitado al Ministerio repetir la experiencia, si bien esta vez deberá ponerse de acuerdo con Canarias para establecer un calendario para que los inspectores de refuerzo se puedan mover entre los dos archipiélagos.
En principio, señala Fernández, la contratación temporal -el primer objetivo que se ha fijado el Ejecutivo canario- no se ve influenciada por la temporalidad turística, con lo que aparentemente no habría preferencias para las fechas del desembarco de los inspectores de Trabajo. Las estadísticas sobre contratación parcial son tan altas que la Consejería tiene el convencimiento de que no todo lo declarado por los empresarios es real.
Entre enero y septiembre de 2015 los contratos en las Islas sumaban, según datos del Observatorio de Empleo de Canarias (Obecan), 529.055 de los 213.399 eran con jornada parcial, el 41,1% del total. En general son los sectores de la hostetería y el comercio donde recaen las primeras sospechas, sólo por el volumen de este tipo de contratación en cada isla. En El Hierro el 64% de los contratados en hoteles, cafeterías y restaurantes son a tiempo parcial; el 45,4% en Fuerteventura; en Gran Canaria el 48,3%; en La Gomera el 29, 4%; el 53,6% en La Palma; el 34,1% en Lanzarote y un 45% en Tenerife.
El 46% de los contratos en el comercio de El Hierro es también por horas; el 43,5% de Fuerteventura; en Gran Canaria en 45,4%; el 38,4% en La Gomera; en La Palma en 36,2%; en Lanzarote en 46,44% y el 47,2% en Tenerife.
Desde la Consejería que dirige Patricia Hernández se insiste en que tras la aprobación de la reforma laboral del PP en 2012, que flexibilizó el despido, el número de horas extra no pagadas se ha incrementado en comparación con 2011, igual que el número de contratos dados de alta como parciales cuando en realidad no lo son.
Ana Fernández Manchado destaca que el plan de choque persigue un doble efecto: por un lado, el hecho en sí de que se levanten actas de inspección y se regularicen empleos -"los efectos del plan no serán nunca perjudiciales para el trabajador, ya que se seguirá supervisando para garantizar que no se producen situaciones indeseables, como despidos, tras la actuación"- y por otro lado, que "sirva para disuadir a las empresas que actúan de manera fraudulenta".
Canarias, pues, da apoyo a los derechos de los trabajadores pero también, se señala desde la Consejería, respalda a los empresarios que cumplen con sus obligaciones frente a quienes compiten de forma desleal.
