El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado las diligencias previas que abrió contra la juez en excedencia y diputada de Podemos Victorial Rosell por no haberse abstenido, a pesar de que podría tener intereses en el caso, de una investigación penal sobre el empresario Miguel Ángel Ramírez.

La Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria presentó una denuncia contra la juez en excedencia que generó unas diligencias, ahora archivadas. El promotor de la acción disciplinaria en el CGPJ considera que no se aportaron pruebas del interés directo en la causa de Rosell.

Los hechos denunciados apuntaban que Rosell siguió tomando decisiones como juez de instrucción de una causa a sabiendas de que su pareja, el periodista Carlos Sosa, estaba negociando con el principal imputado en ella (el citado Ramírez) un acuerdo comercial.

Se trataba del arrendamiento por 300.000 euros de una licencia de radio que la Unión Deportiva Las Palmas necesitaba para regularizar su emisora oficial, acuerdo que se cerró el 26 de octubre y se firmó el 28.

La Fiscalía siguió una investigación en relación con esos hechos pero finalmente la archivó y la convirtió en una denuncia de tipo disciplinario.

El Poder Judicial explica en el escrito de archivo de esa denuncia que cuando se cerró el contrato, el 26 de octubre de 2015, la magistrada ya había solicitado (16 de octubre) y le había sido concedida (22 de octubre) la excedencia voluntaria.

Según los testigos a los que tomó declaración la propia Fiscalía -añade el Poder Judicial- las negociaciones para la firma no se iniciaron hasta primeros de ese mes, sin que conste que la pareja de Rosell interviniera en ellas hasta los días 8 o 9.

Además señala que, dado el breve tiempo transcurrido entre el inicio de esas negociaciones y la fecha de la excedencia voluntaria, no consta que la magistrada interviniera en la instrucción de la causa.

La Fiscalía, dice el Poder Judicial, no ha aportado indicio alguno, más allá del hecho de la convivencia, que permita sospechar que la magistrada era conocedora de la actuación de su pareja.

La fiscal del caso por el que se abrieron diligencias disciplinarias a Rosell, Evangelina Ríos, ya la acusó hace un año ante el CGPJ de retrasar la instrucción del mismo, pero la queja fue archivada. Ahora ha vuelto a archivarse una segunda denuncia similar.