El juicio por la demanda de Victoria Rosell contra la Fiscalía de Las Palmas quedó ayer visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El letrado de la magistrada en excedencia y diputada de Podemos, Luis Val, interrogó a cinco testigos para tratar de acreditar que el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, ordenó investigar a Rosell en "plena" campaña electoral por "animadversión" hacia ella, con la finalidad de perjudicarla en ese proceso al abrir un procedimiento "reservado" en el que no ha podido defenderse.
Val apostó por escenificar la supuesta "enemistad manifiesta" entre Rosell, García-Panasco y la fiscal que éste puso al frente del expediente, Eva Ríos, pero el magistrado que presidió la vista, Javier Varona, cortó el interrogatorio varias veces para reconducirlo a los hechos del recurso, es decir, a la vulneración de derechos fundamentales planteada por la juez, que presenció la práctica de la prueba como público.
Sin especulaciones
Varona no aceptó interpretaciones y, de esa manera, impidió que se entrase en cuestiones ajenas al pleito. Tampoco se abordó el asunto que motivó las pesquisas de la Fiscalía, esto es, el contrato de 300.000 euros que la pareja de la magistrada, Carlos Sosa, firmó con la Unión Deportiva Las Palmas para ceder al club una frecuencia de radio. El acuerdo se cerró poco después de que Rosell obtuviera la excedencia, pero la Fiscalía, al recibir el contrato de forma anónima, interpretó que la juez pudo incurrir en una incompatibilidad al no apartarse de la causa que instruía contra el presidente de la UD, Miguel Ángel Ramírez, por supuesto fraude fiscal en Seguridad Integral Canaria, una de sus empresas.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó la semana pasada la denuncia de la Fiscalía al no apreciar actuaciones irregulares de Rosell. Lo mismo hizo el lunes la Fiscalía General del Estado con la queja de la exmagistrada contra García-Panasco y Ríos. Un enfrentamiento sobre el que ahora debe pronunciarse la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con Varona como ponente de la sentencia.
No lo tendrá fácil el tribunal tras la ambigüedad de los testimonios. El primero en declarar fue el teniente fiscal de Las Palmas, Ernesto Vieira. Val le preguntó por un encuentro que Rosell tuvo con García-Panasco el día 2 de diciembre, tras publicarse que la Fiscalía investigaba a la juez por motivos disciplinarios. Vieira asegura que se encontró con un ambiente "serio", en el que Rosell reprochaba a Panasco la "idoneidad" de Ríos para llevar esas diligencias. El testigo explicó que la fiscal conocía el tema "matriz", es decir, la investigación a Ramírez y, por esa razón, se la designó para llevar el expediente. El asunto no fue a reparto porque no eran diligencias penales, sino civiles. Añadió que desconoce si hay o no enemistad manifiesta entre los implicados. Rosell intentó personarse, pero la petición fue denegada porque las actuaciones eran reservadas y no cabía esa posibilidad. "Había una tensión evidente, pero el trato fue correcto. En ningún momento se perdieron las formas y se le permitieron presentar escritos", concluyó.
Luego le tocó al director general de la UD, Patricio Viñayo. Su testimonio se centró en las fechas del acuerdo con Sosa, lo cual no guarda relación con la vulneración de derechos. Lo mismo ocurrió con el juez de adscripción territorial Alejandro Navarro, que estuvo de refuerzo en el juzgado de Rosell y, por tanto, conocía la causa contra Ramírez. Navarro, igual que Vieira, desconoce si hay enemistad.
Gara Santana, responsable de prensa durante la campaña electoral, fue citada porque presenció la discusión con Panasco. Asegura que "hubo hostilidad", pero "no faltas de respeto", sino "mucha tensión". Rosell "se quejó varias veces de la idoneidad" de Ríos y "advirtió" al fiscal jefe del daño electoral" que le estaban causando, entre otros cuestiones como la "sorpresa" de Panasco al verlas porque la reunión no estaba concertada. "Nos invitó a sentarnos, pero lo rechazamos porque estábamos nerviosas", agregó sobre la actuación del fiscal, que trató de quitarle "hierro" a la investigación, sin aclarar en esos momentos su naturaleza penal o civil.
Más contundente se mostró Sosa, que acusó al ministro José Manuel Soria de filtrar el contrato para que se iniciara la investigación. "Tengo la certeza de que fue Soria. Es la única persona que tenía una copia similar a la de la Fiscalía", sostuvo. Ese contrato, explicó, se sustituyó por otro al surgir un problema de fechas con la empresa constituida por la UD para hacer el negocio. De ahí la "certeza" de que el ministro hiciera llegar esa copia a la Fiscalía a través de terceras personas. La investigación, asegura, beneficiaba a Soria y dañaba a Rosell porque era su rival político. "El perjuicio es en lo personal, en lo profesional y en lo político", subrayó el testigo, que sí aprecia una relación de enemistad manifiesta. La demandante lo fundamenta en otro enfrentamiento con la Fiscalía por la investigación a Ramírez que acabó en quejas al CGPJ y a la Inspección Fiscal, las cuales también fueron archivadas.
