La vicepresidenta y consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Patricia Hernández, admitió ayer que los Ayuntamientos son los que sostienen los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía. La dirigente socialista alegó que la normativa estatal impide al Ejecutivo regional destinar todo lo que quisiera al plan concertado de prestaciones básicas, sostenido en su mayor parte por los consistorios.

Cuando se creó este plan en 1988, la idea era que se financiara por el Estado, la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos, cada uno con una tercera parte, pero la realidad actual es que el Estado ha reducido su participación a un 3,5% y la Comunidad Autónoma a un 26%, de manera que las instituciones locales asumen el 70%, explicaron los grupos parlamentarios durante una comparecencia ayer de Hernández.

La vicepresidenta subrayó, no obstante, que el Ejecutivo "no ha recortado" su aportación en este ejercicio, como le reprocharon los representantes del PP, Jorge Rodríguez, y de Podemos, Francisco Déniz, quienes coincidieron en que ha pasado de trece millones de euros el año pasado a doce millones en éste.

"Las cifras son iguales, no hay recortes, es exactamente la misma", insistió Hernández, quien aseguró que es la norma estatal la que prohíbe al Gobierno canario poner todos los fondos necesarios para atender las necesidades sociales básicas.

"Somos muy conscientes del papel de los ayuntamientos, cubren cada euro que se retira del Gobierno de España o del Gobierno de Canarias", dijo. Con todo, destacó la importancia de que los regidores puedan contar con certeza con la financiación de que van a disponer a lo largo del año, y por eso recordó que el plan para este ejercicio se firmó en diciembre de 2015.