La Abogacía del Estado ha puesto freno a las prisas del Gobierno de Canarias por cerrar los aspectos económicos del REF. El informe encargado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo el pasado 15 de febrero a los servicios jurídicos de la Moncloa no puede ser más categórico al respecto: el Gobierno en funciones no puede suscribir los acuerdos a los que han llegado las administraciones central y autonómica.
Era la solución que habían encontrado el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el ministro José Manuel Soria para tratar de salir que impasse en el que se encuentra la reforma del REF económico, que empezó a negociarse el 3 de septiembre y primero la campaña electoral y luego la aritmética política en el Congreso de los Diputados han impedido la firma definitiva.
Los acuerdos, en cualquier caso, no tendrían porqué estar en peligro. Ningún Gobierno de España, según apuntó Soria tras la reunión con Clavijo en la que se acordó elevar la cuestión a la Abogacía del Estado, se atreverá a poner en cuestión el fundamento jurídico e histórico del fuero canario. Pero aunque fuera así el calendario avanza y con ello el nerviosismo del Ejecutivo regional por sellar los avances realizados en cuanto a la internacionalización de la economía canaria, la potenciación de las energías renovables, elevar al 70% la bonificación para el transporte de mercancías, mejorar el acceso de los autónomos del Archipiélago, empresas o entidades a la financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) o el impulso de la 'Marca Canarias' en el sector turístico, entre una nómina de quince puntos en los que ha habido convergencia.
La negativa de los abogados del Estado confirma a la consejera regional de Hacienda, Rosa Dávila, que para los intereses de Canarias se "hace más inaplazable que se conforme un Gobierno de España lo antes posible", señaló tras la reunión del Consejo de Gobierno. Con todo, coincide con el ministro canario en el Gobierno de Mariano Rajoy respecto se puede "estar tranquilo" por cuanto el documento que se remitió al Estado tiene el "consenso" de todas as fuerzas del Parlamento autonómico. Y añadió que si hay estabilidad política, este documento podría estar en 2016, recogió Efe.
La parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) es la que resta para su actualización integral, una vez que el uno de enero del pasado año entró ya en vigor el bloque fiscal.
Reparto del la financiación
En su comparecencia Dávila dejó igualmente claro que si la Comunidad Autónoma tiene que esperar a que se aclare el panorama político también lo tendrán que hacer las corporaciones locales que vienen reclamando a través de sus respectivas federaciones un nuevo reparto del bloque de financiación, es decir, de los recursos derivados de los impuestos del REF.
El Gobierno está dispuesto a discutir un nuevo modelo de financiación -en la actualidad el Gobierno ingresa el 48% de los recursos y reparte con siete cabildos y 88 ayuntamientos el 52% restante- pero, avisa, deberá esperar a que el sistema de financiación autonómica, por la que el Estado distribuye entre las regiones fondos para sostener los servicios esenciales -sanidad, educación y servicios sociales- también se modifique. Y sin un Gobierno en España operativo, más aún si deben repetirse las elecciones, parece improbable que se acometa la reforma hasta 2017.
La Federación Canarias de Islas (Fecai) reclamó la semana pasada que en el nuevo reparto las administraciones locales reciban el 70% de los recursos por cuanto ha desaparecido la obligación para la Comunidad Autónoma de compensar al Estado por la desaparición del extinto Impuesto general sobre el Tráfico de Empresas (ITE) y la economía comienza a dar visos de mejoría. Para Dávila la prioridad en estos momentos es lograr que se reforme el sistema de financiación autonómica ya que Canarias es, subraya, la comunidad peor financiada del país.
