La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se archive la querella que el ministro de Industria, José Manuel Soria (PP), presentó contra la juez en excedencia y diputada de Podemos por Las Palmas, Victoria Rosell, al considerar que no hay delito y que el dirigente popular no está legitimado.
El ministro de Industria presentó una querella contra la diputada en la que la acusaba de haber retrasado como juez una causa penal por intereses personales, lo que vinculaba a delitos de prevaricación y cohecho. Además, se querelló contra ella por injurias y calumnias.
El fiscal ha recomendado que no se admitan a trámite ninguna de las dos acusaciones, porque considera, por un lado, que Soria no está legitimado para querellarse contra Rosell por prevaricación, cohecho y retardo malicioso de la actuación de la Justicia.
Acerca de este ultimo punto, detalla el fiscal que "el simple retraso no revela un ánimo malicioso, por más que no se haya empleado toda la diligencia necesaria en el cumplimiento del deber", y recuerda además que, en relación con esos hechos, ya se archivaron unas diligencias disciplinarias en el Consejo General del Poder Judicial.
Por otro lado, la Fiscalía considera que Soria "no ha aportado ningún elemento o principio de prueba" que demuestre la existencia de un delito de injurias o calumnias cometidas contra él por Rosell.
Además, recuerda que las manifestaciones que se atribuyen a la querellada se realizaron, en todo caso, durante la campaña electoral de las elecciones del pasado diciembre, en las que ambos, Soria y Rosell, eran candidatos por el PP y Podemos respectivamente (y que les condujeron a ser actualmente diputados).
En un contexto de campaña electoral las manifestaciones atribuidas a la juez en excedencia no pueden ser consideradas un atentado contra el honor de Soria, considera el fiscal
Durante la campaña, Rosell acusó a Soria de "estar detrás" de las diligencias que había abierto en esos días la Fiscalía de Las Palmas contra ella para investigar si había cometido alguna infracción disciplinaria en la instrucción de una causa por delitos fiscales.
