La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) quiere poner freno al enfrentamiento judicial entre el ministro José Manuel Soria y la diputada de Podemos y magistrada en excedencia Victoria Rosell. En un informe hecho público ayer, el ministerio público insta a la inadmisión de la querella presentada por Soria por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho. De una parte, no ve que la exjuez injuriase o calumniase con sus declaraciones al dirigente del PP y, de otra, advierte que éste no está legitimado para ejercitar la acción penal por el resto de delitos que pretende imputar a Rosell.
Soria, según se señala en el informe, no aporta prueba alguna que sustente la calumnia o la injuria. Es más, achaca al fragor de la contienda electoral -en la última campaña de noviembre del pasado año ambos eran cabezas de lista por Las Palmas por sus respectivas formaciones- las declaraciones de Rosell que sirven al ministro en funciones para acudir a los tribunales.
Rosell apuntó a Soria cuando a principios de diciembre la Fiscalía de las Palmas le abrió una investigación por motivos disciplinarios. Se intentaba averiguar si la exjuez debía inhibirse en la instrucción de un delito contra la hacienda pública en una de la empresas de Miguel Ángel Ramírez. En sus últimos días al frente del juzgado, la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, comenzó a negociar con la Unión Deportiva Las Palmas la cesión de una licencia de radio FM, de la que es concesionario Sosa, por 300.000 euros. Ramírez preside el club amarillo. De ahí las diligencias abiertas por la Fiscalía, que fueron anuladas por vulnerar los derechos fundamentales de Rosell (la sentencia del TSJC no es firme y será recurrida ante el TS). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también archivó la denuncia del ministerio público al no apreciar actuaciones irregulares.
Libertad de expresión
Rosell vio la mano del ministro tras la acción de la Fiscalía y así se publicó en un periódico digital: "No he hecho nunca nada ilegal, ni ilícito disciplinariamente ni mucho menos penal. El contrato", dijo, "se firmó después de que yo dejase en juzgado para entrar en política". Y añadió: "Es un intento de José Manuel Soria y del PP para neutralizar a un rival político usando la Fiscalía".
Una manifestaciones que, en el contexto de "confrontación electoral" en el que ambos se encontraban "no pueden ser constitutivas de atentando al honor o dignidad del querellante", apunta el informe de la Fiscalía. No es más, pues, que un ejercicio de la libertad de expresión de la entonces candidata de Podemos.
La instrucción de ese caso y la negociación empresarial motivó también la querella por los delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso. El fiscal del Supremo recuerda a Soria que no es parte ni perjudicado en el proceso contra Ramírez y, por lo tanto, no está legitimado para impulsar una causa contra Rosell al respecto.
Además, el informe subraya que "el simple retraso no revela un ánimo malicioso, por más que no se haya empleado toda la diligencia necesaria en el cumplimiento del deber". Y tampoco se "aporta un mínimo de prueba" que acredite ese supuesto delito.
El fiscal explica, por último, que se imputa a Rosell el incumplimiento de un deber de abstención, pero es necesaria una resolución injusta para que eso desemboque en prevaricación y, en ese sentido, la querella no invoca resoluciones injustas ni se aporta argumentos suficientes que lo presupongan.
