El Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, remitió un total de 424 resoluciones a distintas administraciones públicas por su falta de colaboración con esta institución, después de que hubiera transcurrido el plazo de legal establecido para la correspondiente contestación a los requerimientos de información sobre expedientes iniciados por quejas ciudadanas o actuaciones de oficio registradas el pasado año, tal y como se expone en el informe anual de 2015 entregado al Parlamento y al que ha tenido acceso LA PROVINCIA. El grueso de todas estas resoluciones emitidas por la oficina del Diputado del Común por estos motivos se concentran en la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, con 158 quejas, si bien el número de recordatorios ha disminuido a cerca de la mitad respecto a los apercibimientos que Saavedra remitía a este mismo departamento regional en la anterior legislatura, habiéndose contabilizado 297 en 2014.
El informe señala que si una administración pública no remite la información que le es requerida por el Diputado del Común en el plazo de 15 días desde que se le solicitó, se le recuerda su "deber legal de colaborar con las investigaciones del Diputado del Común" y se le otorga un nuevo plazo de 15 días para ello, pero, con la advertencia de que si en ese plazo no lo remite, se le declarará "obstruccionista" con la labor del defensor del ciudadano.
Obstruccionista
No obstante, si vence dicho plazo anterior, se le "advierte" de nuevo de que "se le va a declarar obstruccionista si no remite su informe en el plazo de cinco días" y, si venciera este mismo, se le declara obstruccionista y entorpecedor de la labor del Diputado del Común.
Las resoluciones por falta de colaboración que llevaban dos meses sin que las administraciones hubieran remitido los informes solicitados por la oficina que preside Saavedra corresponden a las áreas que tienen que ver con Economía y Hacienda (77), Política Territorial (65), actividades clasificadas (63), personas con discapacidad (61), personas mayores (53), vivienda (43), servicios públicos (32), servicios urbanos (25), obras públicas (23), Educación (15), Medio Ambiente (13), turismo y transporte (9), seguridad pública (8), servicios sociales (8), igualdad (6), salud y sanidad pública (5), justicia (4), deportes (3), agricultura y pesca (2), comercio y consumo (2).
El informe también recoge las "advertencias" del deber de colaborar con el Diputado del Común que ha tramitado esta institución a diferentes administraciones públicas después de agotar el plazo de dos meses y medio sin contestar. En este sentido, son 108 las advertencias remitidas siendo Economía y Hacienda la que sigue estando a la cabeza con 28 advertencias.
Por último, han sido ocho los expedientes remitidos por obstruccionismo o entorpecer la labor del Diputado del Común. Así, respecto a los ayuntamientos son los de La Aldea de San Nicolás, La Oliva, Los Llanos de Aridane y dos expedientes al de Telde, así como dos informes al decano del Colegio de Procuradores de la provincia de Las Palmas.
Según el informe anual del Defensor del Pueblo canario, el año pasado se presentaron 1.819 quejas ante la oficina del Diputado del Común de las que 427 tienen que ver con asuntos sociales, materia que engloba las quejas presentadas en las áreas de personas mayores, menores, servicios sociales y personas con dependencia.
El siguiente área, respecto al mayor número de quejas es el de economía y hacienda sobre la que se presentaron 193. Le sigue política territorial, con 192, y justicia con 172; trabajo y función pública recibieron 116, mientras que vivienda recibió 114. Un total de 99 quejas tuvieron que ver con la salud y la sanidad y 79 estuvieron relacionadas con la educación, según los datos que recoge el documento.
