Homicidios, desplazamientos forzados o amenazas. Estos son los principales perjuicios que han sufrido muchos colombianos desde que estallara la violencia armada en Colombia. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de este país persigue, desde 2011, reparar a los afectados por la acción de las guerrillas y grupos paramilitares, tanto de los que viven en el país como aquellos que decidieron probar suerte en el extranjero. En Canarias residen 26.000 colombianos y 90 han solicitado, desde 2012, ser reconocidos como víctimas de este conflicto interno, según expone el cónsul de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria, Pierangelo Gandini.
A partir de los años 60 varias colectivos se alzaron en contra del Gobierno por no estar de acuerdo con el modelo económico y político que imperaba en el país. Las guerrillas -Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Popular de Liberación (EPL) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- y los grupos paramilitares sembraron de terror el país. El Gobierno ha tratado de combatir durante años esa situación pero pese a que algunos de los grupos se han desmovilizado y ahora existe un avanzado proceso de paz, el enfrentamiento aún persiste.
"Colombia es prácticamente el único país del mundo que inicia el proceso de reparación a las víctimas sin que el conflicto aún haya terminado", subraya Gandini. Desde el nacimiento de esta ley, cada 9 de abril se conmemora en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de los afectados para recordar las décadas de violencia y la forma en la que los colombianos han reconstruido sus proyectos de vida.
Por este motivo el Consulado de Colombia en la capital grancanaria acoge desde el 1 de abril charlas para divulgar el funcionamiento de la ley. Hasta ese día un mural recoge de modo simbólico la huella de los visitantes en solidaridad con los damnificados. El próximo sábado, además, se plantará un árbol "como señal del nuevo renacer de las víctimas".
Gandini explica que se toma declaración a aquellos que se consideren víctimas del conflicto armado mediante un formulario que recibe en tiempo real la Unidad para las Víctimas en Colombia. "El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de los consulados, ofrece la logística para que puedan reclamar sus derechos", apunta Gandini. A partir de ahí, es el Gobierno quien valora cada testimonio. Algunos de los 90 colombianos que han presentado su declaración en Canarias desde 2012 aún están a la espera de una respuesta.
La ley reconoce a quienes sufrieron daños a partir de1985. La reparación, en función de cada caso, puede ser la recepción de una indemnización, la restitución de tierras o la elaboración de planes de retorno a Colombia.
"Abandono de sueños"
Gonzalo Rodríguez (nombre ficticio de uno de los colombianos residentes en Canarias), ha pedido ser considerado una víctima del conflicto. No quiere desvelar su identidad porque teme a las represalias pese al proceso de paz iniciado.
Rodríguez expone que asesinaron a un tío suyo, que su familia fue acusada de colaborar con las guerrillas por los paramilitares y que recibieron amenazas. "Nos tocó huir como fugitivos", recuerda, "con el consiguiente abandono de sueños". Por eso, en 2004, salió del país dejando atrás su pretensión de estudiar arquitectura.
Ahora, doce años después, Rodríguez espera a que el Gobierno acepte su solicitud y la de su familia. Pero aunque les restituyan todos sus derechos, considera que "nunca será suficiente" por todo el valor de lo perdido.
