La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha solicitado al juez Salvador Alba, sustituto de la diputada de Podemos y magistrada en excendencia, Victoria Rosell, como titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, un informe que recoja todos los aspectos que hayan sido "determinantes" para el actual estado de las actuaciones abiertas al empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, a quien se le investiga por un delito fiscal y contra la Seguridad Social.
En su auto, la Sala pide a Alba que en ese documento indique las "vicisitudes e incidencias" que hayan podido afectar a la duración del proceso a Ramírez antes de resolver si admite a trámite o no la querella presentada por el ministro en funciones de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, contra la juez Rosell.
El pasado 29 de marzo, la defensa de Soria presentó una ampliación de la denuncia que tiene interpuesta contra Rosell. En ella acusa una vez más a la ahora diputada de Podemos de delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho al entender que pudo favorecer a Ramírez, cuando aún instruía la causa contra el empresario, mientras su pareja, Carlos Sosa, periodista y socio mayoritario de Clan de Medios, Comunicación y Marketing, negociaba ceder al club amarillo una frecuencia de radio por un importe global de 250.000 euros.
En esa ampliación de la querella criminal, Soria aporta como nueva documentación la declaración prestada por Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 8, publicada en su integridad por LA PROVINCIA /DLP, en la que afirma haber tenido un contacto empresarial prolongado con Sosa y en el que mencionó la existencia de préstamos que podrían superar los 100.000 euros.
Un día después, según relata el auto dado a conocer ayer, la defensa de Soria presentó un poder especial para intentar personarse como acusación popular en la investigación contra Rosell y lograr, así, salvar la falta de legitimación del ministro en funciones para acusar a la juez en excedencia de los delitos de retardo malicioso de la justicia y cohecho.
La Fiscalía solicitó el mes pasado al Tribunal Supremo que se archive la querella que Soria presentó contra Rosell al considerar que no hay delito y que el ministro en funciones no está legitimado para realizar tal acusación. El pasado 11 de abril, tras registrarse la ampliación de la denuncia, el Ministerio Fiscal se pronunció una vez más en contra de abrir una causa penal contra la diputada, pero sí considera oportuno que la nueva documentación aportada por Soria sea remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, para que determine si Rosell ha cometido o no una falta disciplinaria.
En cualquier caso, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo expone en el auto que es necesario recabar "una mínima relación de documentos" antes de decidir si se admite o no la querella de Soria, si bien advierte que, hasta el momento, las imputaciones formuladas contra Rosell solo tienen "un sostén puramente hipotético o conjetural".
Por este motivo, además de solicitar un informe al juez Alba sobre las causas que hayan sido determinantes para que las actuaciones abiertas contra Ramírez se encuentren en su estado actual, se requiere al secretario del Juzgado de Instrucción número 8 el "testimonio íntegro" de las declaraciones del empresario. A su vez, pide al CGPJ que le remita las actuaciones de las diligencias informativas que se abrieron a Rosell y que fueron archivadas el pasado 12 de febrero.
