La Consejería de Política Territorial y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias suscribió ayer un protocolo de cooperación destinado a buscar fórmulas que permitan regularizar la situación del mayor número de núcleos del Archipiélago que están afectados por la vigente Ley de Costas.
El protocolo que firmó ayer la consejera Nieves Lady Barreto (CC), con la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas permitirá iniciar los trabajos para la búsqueda de soluciones y fijar una línea de actuación conjunta, según destacó un comunicado del Gobierno regional.
A ese efecto se constituirá una comisión mixta a la que se invitará a participar a los representantes de los cabildos y ayuntamientos vinculados en este asunto, así como a cualquier otra asociación que represente a ciudadanos o colectivos de afectados.
Esta comisión sentará las bases y los criterios que deben regir para que se reconozca en el ámbito normativo nacional la "singularidad del territorio canario" por su especial configuración geológica, etnográfica, arquitectónica, histórica y paisajística, destacó la nota.
El protocolo también recoge la necesidad de aunar esfuerzos para conseguir que Canarias disponga de las mismas competencias de las que ya gozan otras comunidades autónomas en materia de costas, con el objetivo de lograr una gestión integral del litoral.
En esa línea, Barreto defendió la asunción, por parte del Gobierno canario, de las competencias en materia de gestión del dominio público marítimo-terrestre, como ya ocurre en otras comunidades autónomas como la catalana o la andaluza, "con el fin de facilitar soluciones en cada caso".
La consejera opinó que la creación de esta comisión mixta "es el paso previo para poder trabajar de forma conjunta", al tiempo que agradeció la labor que, durantelos pasados años, han venido realizando los colectivos y personas afectadas por la Ley de Costas.
Por su parte, el abogado y presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, subrayó que, con esta iniciativa, se "trata de impedir que se produzcan recortes" a la cultura canaria, qu ese vería afectada por la aplicación literal del texto normativo.
En este sentido, Langa agregó que desde hace años su colectivo viene luchando "por defender la cultura y los derechos del pueblo canario" y confió en el papel de la futura comisión mixta para lograr "los objetivos propuestos".
