La Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) ha registrado sus alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo, en las que reclama seguridad jurídica para desarrollar sus actividades como uso complementario al turismo y la cultura, "tal y como se hace hoy en la totalidad del mundo del vino, en España, en Europa y en la geografía mundial del vino".

Avibo, que afirma en un comunicado que representa a la mayoría del sector en las islas, ha registrado ante el Gobierno de Canarias las alegaciones al anteproyecto de Ley del Suelo después del acuerdo plenario que al respecto tomó su junta directiva el 22 de abril.

Avibo entiende que para el sector la nueva Ley del Suelo supone un considerable avance al reconocer la posibilidad de introducir usos complementarios ligados al turismo y al mismo tiempo acabar "con el bloqueo ilegal que han venido provocando las leyes canarias actuales, obsoletas y ajenas al desarrollo de la legislación europea y nacional".

La simplificación que ofrece la nueva ley, con la aparición de usos complementarios y la reducción de la burocracia, viene obligada por la legislación, añade Avibo, que indica que el agro sostenible precisa de los usos complementarios que también funcionan en Europa y de forma primada en las regiones ultraperiféricas, pero que sin embargo están prohibidos en Canarias.

"El uso complementario además es prioritario no solo para crear nuevas rentas, sino que éstos son obligados para que este nuevo empleo sea mantenible, en competencia retributiva con otros sectores económicos", añade.

En cuanto a las alegaciones, Avibo propone modificaciones para que se concrete el listado de usos de centro visitable, agrotienda, cata y degustación, naturaleza, deportivos, etnográficos, museo-expo, I+D+i o cualquier otro que genere renta complementaria. La asociación estima también que "deben minorarse todos los conceptos económicos de canon, garantías, fianzas, etcétera, al mínimo legal, esto es el 5%". Avibo recuerda que Canarias sufre el "drama" de tener cuotas de autoabastecimiento del 10%, con viñedos localizados de forma mayoritaria en terrenos protegidos, por lo que reclama el desarrollo de una norma de aplicación directa.