El magistrado que sustituyó seis meses a Victoria Rosell en el Juzgado de Instrucción numero 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba, ha presentado a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) una queja contra la actual responsable de dicho juzgado, Carla Vallejo. Alba considera que la juez debe renunciar al procedimiento por fraude fiscal contra el empresario Miguel Ángel Ramírez porque existe una "relación de estrecha amistad" entre Vallejo y Rosell, según el escrito remitido a la Sala de Gobierno.
Ramírez aportó la semana pasada una grabación al Juzgado de Instrucción número 8 en la que supuestamente negoció con Alba una declaración judicial para perjudicar a Rosell, quien había dejado el juzgado para concurrir a las elecciones y ejerció como diputada de Podemos hasta la disolución de las Cortes el tres de mayo. Vallejo, en base a esa grabación, ha abierto una pieza separada para analizar si existen indicios de delito en la actuación de Alba, pero éste entiende que concurre una causa de abstención y Vallejo debe apartarse de la causa que Rosell abrió en 2014 al propietario del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas.
Alba pide al TSJC que actúe de oficio para verificar si existe o no causa de abstención y, en ese sentido, aporta varios mensajes publicados en la red social Twitter en los que Vallejo elogia a Pablo Iglesias por fichar a Rosell, ensalza la trayectoria de su colega o la apoya de manera indirecta al reenviar mensajes en los que se condena el uso de las instituciones para perjudicar a un adversario político.
El magistrado entiende que no existe "amistad íntima", sino un interés indirecto en el proceso que tramita el juzgado contra Ramírez, pues el Tribunal Supremo (TS) ha admitido una querella contra la exparlamentaria que se apoya en un informe de Alba sobre la actuación de Rosell en ese procedimiento y, por tanto, cualquier decisión que se adopte en esas diligencias previas podría afectar a la querella, que fue interpuesta por el exministro José Manuel Soria y será remitida por el Alto Tribunal al TSJC.
Según ese informe, la causa sufrió un retraso "evidente e inexplicable" durante los casi dos años que Rosell estuvo al frente de la investigación. Alba menciona en ese informe la declaración de Ramírez y, por ese motivo, interpreta que Vallejo no debe analizar la grabación que el empresario ha aportado al juzgado para denunciar el supuesto amaño de esa prueba, sino que debería haberse encargado el TSJC o el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces ha anunciado que va a investigar el contenido de ese audio por si existe una infracción disciplinaria).
Varios fuentes judiciales, sin embargo, aseguran que Vallejo ha actuado hasta el momento de manera correcta, es decir, ha abierto una pieza separada de la causa a Ramírez para consultar a la Fiscalía de Las Palmas si aprecia indicios de delito y procede enviar el asunto al TSJC. El ministerio público ultima el informe solicitado, que estará consensuado con la Fiscalía General del Estado. Distinto es si la relación de Vallejo con Rosell es suficiente para motivar su abstención de la causa matriz, lo cual deberá analizarlo la Sala de Gobierno del TSJC tras la protesta formulada.
Alba es magistrado de la Audiencia de Las Palmas y, con esa acción, parece preparar su defensa ante la grabación de Ramírez. Asimismo ha denunciado al empresario y al letrado Sergio Armario por los delitos de revelación de secreto, falsedad, calumnias, coacciones e injurias.
En la denuncia, que ha sido admitida por el Juzgado de Instrucción número 2, revela presiones del entorno del empresario para archivar la causa o rebajar la fianza, entre los que cita a la mujer de un juez, magistrados sin especificar, exalumnos suyos relacionados con el empresario y periodistas. Sostiene que Ramírez le expuso, con la intención de lograr un trato de favor, que tenía relaciones con personas influyentes, como magistrados de la Audiencia, pero la denuncia sólo se dirige contra las dos personas citadas.
