El Gobierno de Canarias "peleará para preservar el erario público" de la comunidad autónoma ante las demandas por la moratoria turística, por las que diversos promotores turísticos reclaman indemnizaciones valoradas en 1.000 millones de euros.
Así lo aseguró este lunes portavoz del Ejecutivo regional, Rosa Dávila (CC), al ser preguntada en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por las reclamaciones millonarias a las que aspiran diversos promotores turísticos por no poder ejecutar proyectos debido a la moratoria vigente en el Archipiélago.
La también consejera regional de Hacienda manifestó que las sentencias del Tribunal Supremo favorables a los intereses de los promotores turísticos afectados por la moratoria "no indican expresamente que los demandantes tengan derecho a recibir las compensaciones millonarias" (el fallo solo les concede el derecho a que se tramiten sus solicitudes de indemnización).
Según la consejera, esos fallos judiciales "ordenan retrotraer la tramitación de estos expedientes, que fueron objeto de silencio administrativo", que es lo que hará el Gobierno que preside Fernando Clavijo. "Los retrotraeremos para iniciar de oficio la descalificación de los suelos y, si procede entonces, compensar a los promotores de los proyectos", afirmó Dávila quien, no obstante, subrayó que el Ejecutivo regional "va a pelear por la defensa del interés público en todos estos expedientes".
Para Dávila, estos pronunciamientos judiciales "vienen a dar la razón al actual Gobierno de Canarias sobre los riesgos que se derivan de la maraña normativa del vigente modelo de ordenación del territorio". "Quienes quisieron garantizar la moratoria han fracasado, es un modelo fallido que ha llevado a una enorme inseguridad jurídica y a una responsabilidad millonaria. El Gobierno pretende preservar el erario público, 1.000 millones no están provisionados en un presupuesto de 6.000 millones y ponen en riesgo los servicios públicos esenciales", refirió.
Dávila aludió así al Ejecutivo regional que, en la anterior legislatura, presidió Paulino Rivero, que aprobó la Ley de Medidas Urgentes sobre Ordenación y Dinamización del Turismo, que permite solicitar una indemnización a cambio de reclasificar el suelo a rústico de protección territorial durante cinco años siempre que las parcelas sean de uso turístico y estén afectadas por la moratoria.
Rosa Dávila añadió que la normativa territorial vigente en Canarias "ha llevado a que 35 municipios no hayan ni siquiera iniciado la adaptación a la Ley del Territorio, aprobada en 2000". La portavoz del Ejecutivo recalcó que la comunidad autónoma canaria "no tiene ninguna deuda" con estos promotores turísticos y resaltó que la Ley del Suelo que promueve "plantea desentrañar toda esta maraña administrativa y dar seguridad jurídica sin consumir nuevo suelo".
