El exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, recomienda al Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo expropiar los terrenos afectados por la moratoria turística por su justiprecio, es decir a precio de mercado, "no por un precio especulativo". Ésta es una de las opciones que el político majorero pone sobre la mesa a fin de que la Comunidad Autónoma no tenga que desembolsar los mil millones de euros que reclaman los empresarios, que han solicitado ya al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que proceda a la ejecución forzosa de las indemnizaciones por los proyectos que quedaron paralizados a causa de la moratoria. El Tribunal Supremo ha confirmado 44 de las 45 sentencias que obligan a la Administración canaria a iniciar y resolver los procedimientos de reclasificación del suelo y la fijación de compensaciones. El Grupo Lopesan tiene derecho a la mayoría de las indemnizaciones, tras presentar 31 recursos por valor de 843 millones de euros.
Las empresas iniciaron los litigios al acogerse al procedimiento previsto en el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial del año 2009, que establecía que durante cinco años en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife los dueños de suelos urbanos de uso turístico con derechos urbanísticos consolidados pueden pedir su reclasificación como suelo rústico protegido y el cobro de la indemnización que corresponda a sus derechos edificatorios. El Ejecutivo dejó sin responder sus solicitudes, por lo que la empresas interpretaron que se les había dado la razón por silencio administrativo positivo y exigieron el cobro de compensaciones.
En este sentido, en sus resoluciones el TSJC estima en parte sus demandas, al considerar que tienen derecho a que sus terrenos se reclasifiquen como rústicos, pero no determina los pagos que reivindican, sino que ordena al Ejecutivo autonómico a iniciar el proceso previsto en la ley para determinar cuáles deben ser las cuantías en cada caso.
Las reclamaciones patrimoniales de las empresas afectadas por la conocida como segunda moratoria [tras la primera, que fue la Ley de Directrices de 2003 con el Gobierno encabezado por Román Rodríguez] rondan los mil millones de euros y obedecen a valoraciones periciales a instancias de los propios empresarios.
Sin embargo, Berriel sostiene que las indemnizaciones millonarias "carecen de fundamento" y están "absolutamente fuera de la realidad". "Es prácticamente inviable la petición" de los promotores, pero, si tuviera que pagarse, lo que yo haría sería la expropiación, otra cosa es que el Gobierno tendrá su criterio", aconsejó el extitular de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial. ¿De dónde saldría el dinero de la expropiación? "De después poner los terrenos en el mercado para quien los quiera tener para cuando pueda construir en las condiciones que la ley permita y así el Gobierno podría recuperar la inversión", detalla Berriel, quien sostiene que el artículo 17 de la Ley de Medidas Urgentes trataba precisamente de resolver un problema de indemnizaciones que pudieran venir si no se tomaba ningún tipo de solución por la moratoria turística aprobada en 2003. De hecho, apunta que dicho artículo prevé que el Gobierno "tiene la posibilidad de expropiar esos "suelos por su justiprecio, que suele ser por debajo de la valoración de los empresarios.
Por tanto, con esta vía los terrenos pasarían a ser de la Administración de la Comunidad Autónoma, que a su vez los podría subastar para continuar con el aprovechamiento. Y si no también, según ese artículo, el Gobierno tenía la posibilidad de desclasificar esos suelos pagando la diferencia entre el valor del suelo y los derechos urbanísticos que estuvieran adquiridos, alegó Berriel, que sostiene que "en muy pocos casos esos derechos se habían adquirido de verdad, a tenor de lo que el propio Tribunal Supremo ha dicho sistemáticamente en relación a las urbanizaciones no acabadas".
En su opinión, desde el Gobierno autonómico tienen que hacerse "los informes técnicos y jurídicos suficientes, de tal manera que se actúe con arreglo a las previsiones que tiene la ley".
Al entender del político majorero, el Gobierno tiene que ofertar ahora a los demandantes "si quieren que se expropie y decirles: 'esto es lo que vale y yo me quedo con el suelo'; o bien negociar cualquier otra salida".
"Esas expropiaciones nos hubiesen venido muy bien para establecer un modelo de más calidad y para evitar la construcción masiva y alocada que trató de evitar la moratoria turística, pero en modo alguno yo no daría por buena la reclamación de la cantidad de los empresarios", apostilló el exconsejero, que, en todo caso, no se siente "responsable" de las cuantiosas indemnizaciones que se barajan.
Sin embargo, el Ejecutivo actual, dirigido por Fernando Clavijo, su compañero de partido en CC, ha culpado al anterior Gobierno, presidido por Paulino Rivero, de las importantes sumas económicas que exigen los empresarios y colocan a las arcas públicas en un aprieto, al poner en peligro el sostenimiento de los servicios esenciales.
La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, aseguró el lunes tras el Consejo de Gobierno que "quienes quisieron garantizar la moratoria han fracasado" y tildó de "fallido" el modelo territorial impulsado por el gabinete anterior. Al respecto, Berriel afirmó que no ha oído las declaraciones de Dávila, pero recordó que ella ejerció en la anterior legislatura como directora general de Transportes, dependiente de la Consejería de Berriel y "sabe muy bien todas las circunstancias de las decisiones que se tomaron en el Gobierno anterior".
Asimismo, defendió la actuación del pasado Ejecutivo, que "hizo todo lo que tenía que hacer para pagar lo menos posible y se defendió muy bien en los tribunales". De hecho, "ahorró más de mil millones de euros que reclamaban los empresarios por la moratoria turística anterior". Berriel, que está convencido de que el equipo de Clavijo "hará su trabajo para que no tenga que indemnizar", eludió pronunciarse sobre el anteproyecto de la nueva ley del suelo, en tramitación.
"No soy la persona más indicada para criticarla ni para aplaudirla, todo gobierno tiene derecho a hacer sus leyes", argumentó, al tiempo que lamentó que la Ley de armonización y simplificación en materia de protección del territorio, que él impulsó y fue aprobada por el Parlamento a finales de 2014 "no ha sido desarrollada ni ha sido aprobado el texto refundido que se aprobó en ella".
