Sólo una veintena de diputados que han causado baja con el final de la legislatura -entre ellos los representantes canarios de Podemos Alberto Rodríguez, Victoria Rosell y Meri Pita- han renunciado a la denominada 'indemnización de transición' que otorga el Congreso como compensación económica hasta el día de las elecciones.
El Congreso de los Diputados publicó ayer los nombres de los más de 200 diputados que sí han solicitado esa indemnización, incompatible con cualquier otra remuneración pública o privada. Cada uno de ellos cobrará lo correspondiente a los 53 días que median entre el día de la disolución de las Corte -3 de mayo- y la jornada de reflexión del 26-J. Un total de 2.813 euros al mes más los complementos que pudieran recibir en función de sus responsabilidades en el Congreso, lo que supone casi dos meses de salario.
No tienen derecho a pedirla los 121 diputados -entre titulares y suplentes- que son miembros de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano de la Cámara que permanece de guardia una vez disueltas las Cortes. A ella pertenece la plana mayor de cada uno de los grupos parlamentarios, diputados que seguirán percibiendo su remuneración íntegra hasta la constitución del nuevo Congreso que salga de las urnas, prevista para el próximo 19 de julio.
En el caso del Senado, sólo trece senadores han renunciado a esa paga, en la Cámara alta está fijada en 154,54 euros diarios, en total 8.345,16 euros cada uno.
Celebradas las elecciones, los diputados y senadores que no repitan escaño y que no perciban ningún otro sueldo público podrán pedir una indemnización por cese, siempre que hayan estado en el Parlamento un mínimo de dos años.
