El Gobierno de Canarias admite que la empresa pública Gesplan desvirtuó el proceso de adjudicación de contratos públicos. La consejera de Política Territorial, Nieves Lady Barreto, explicó ayer que, si bien las encomiendas de gestión que las administraciones canarias le encargaron a Gesplan son lícitas, "después el desarrollo interno del proceso se ha desvirtuado", pues solo se puede subcontratar un 20% del servicio u obra encomendada y, además, debe hacerlo "cumpliendo con las normas de contratación correspondientes", de modo que "pida ofertas a distintas empresas y que siga los procedimientos que recoge la Ley de Contratos".
Las administraciones canarias adjudicaron a la empresa Gestión y Planeamiento Territorial (Gesplan) un total de 253 encomiendas de gestión en los últimos cinco años por más de 100 millones de euros. Este mecanismo solo puede utilizarse en casos excepcionales, cuando la administración carece de medios técnicos y personal.
No obstante, se ha recurrido a la encomienda de forma sistemática, a pesar de que restringe la libre competencia y pese a las advertencias de la Audiencia de Cuentas al respecto. La legislación indica que cuando se encomienda un proyecto a un ente público es porque éste es capaz de ejecutarlo y solo puede subcontratar un 20% del mismo, pero de los 253 proyectos, la empresa pública encargó a terceros el 60%, esto es 151 actuaciones, y en 83 de ellas subcontrató más del 80%, por lo que 40,3 millones debieron acudir a la contratación ordinaria y no a Gesplan.
Además, esta empresa adjudicó a dedo el 96% sus contratos en los últimos cinco años. En total 884 contratos en la concesión de obras y servicios se hicieron a través de negociados sin publicidad o contratos menores, con lo que su tramitación careció de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia e igualdad.
Una figura lícita
Según la consejera de Política Territorial, la encomienda es una figura que recoge la Ley de Contratos Públicos y es lícita, "aunque nos podemos plantear una vez que se dan encomiendas a Gesplan cómo se tienen que desarrollar y si saca el 20% que puede subcontratar que lo haga cumpliendo con las ofertas de contratación correspondientes".
Barreto precisa que las encomiendas a Gesplan por parte de una consejería o un cabildo sí se realizaban bien, "pero después el desarrollo interno se desvirtuó", al menos en los últimos cinco años en que dirigió la empresa Rafael Castellano, con el anterior Ejecutivo presidido por Paulino Rivero. Castellano cesó en agosto de 2015.
La consejera explica que "a partir de ahora" la propia empresa ha establecido una serie de parámetros que ha de cumplir para que los objetivos de las encomiendas y contratos sean conforme a lo que recoge la ley. Subraya que el Gobierno no va a dejar de hacer encomiendas porque, por ejemplo, en la Consejería de Política Territorial carecen del personal "y los propios técnicos muchas veces tiran del personal de Gesplan para poder sacar adelante proyectos, informes, autorizaciones o estudios previos". Es un instrumento "legal y necesario, cosa distinta es que se cumplan los requisitos que es lo que estamos haciendo ahora", apostilló.
El Ejecutivo actual no se responsabiliza de lo que sucedió entre 2010 y 2015 y lo más que puede hacer es cumplir con las directrices de la Audiencia de Cuentas, añade. En este contexto, la empresa pública tiene "la instrucción" de que han de cumplir estrictamente con todos los requisitos de una encomienda.
Sobre los planes generales municipales que encomendaban los ayuntamientos a Gesplan, "la directriz es clara y es que Gesplan no va a seguir haciendo planes generales encomendados por ayuntamientos, entre otras cosas porque se ha perjudicado al sector privado y a los estudios de arquitectura".
En numerosas ocasiones los profesionales se han quejado de que Gesplan les hacía competencia desleal al conseguir planeamientos que podían desarrollarse desde el sector privado. Según Nieves Lady Barreto, "la ley no obliga" a dejar de encomendar el planeamiento, pero entienden que Gesplan no puede ser rival de los estudios de arquitectura.
Por su parte, el portavoz del PSOE en el Parlamento, Iñaki Lavandera, explica que el alto número de encomiendas de los administraciones a Gesplan se debía a que los servicios contratados o los planeamientos "tuvieran mayor éxito" al acelerarse la tramitación por parte de la empresa pública, pero, al final, es un sistema "perverso", porque se ha convertido en una situación que va en contra "de un tejido profesional con mucha experiencia en Canarias".
Los socialistas, socios en el Gobierno regional de CC, precisan que el compromiso de esta nueva etapa del Ejecutivo es cumplir con las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas y corregir los errores. "Evidentemente tiene que haber transparencia en los procedimientos de contratación", añade, y considera que ha habido un "uso excesivo" de encomiendas. "Hay profesionales capaces de llevar esos trabajos", recalca, aunque recuerda que las encomiendas no son ilegales.
Por su parte, los diputados de Nueva Canarias y del PP, Román Rodríguez y Miguel Jorge Blanco, respectivamente, han pedido sendas comparecencias en el Parlamento para que el Gobierno explique qué ha sucedido y si se ha producido alguna ilegalidad, a fin de actuar al respecto. Según Jorge Blanco, el PP "siempre denunció que Gesplan era un gobierno paralelo de Paulino Rivero para hacer cosas que no podía hacer en la administración pública".
