La fragmentación insular de Canarias convierte a las comunicaciones, por mar o tierra, en uno de sus mayores condicionantes no sólo para su conexión con el resto del mundo, sino también para interconectar las distintas islas entre sí. Es decir, para la cohesión económica y social del Archipiélago. Los datos, sin embargo, ofrecen un panorama más bien desolador sobre los resultados obtenidos en las últimas décadas en la mejora del transporte interinsular, tanto marítimo como aéreo.
Así, en 1995 casi cinco millones de personas se desplazaron de una isla a otra (3 millones en barco y 2 millones en avión), mientras que en 2004 el número de pasajeros aumentó hasta situarse por encima de los ocho millones (5,5 millones y casi 3 millones, respectivamente). Pero en 2015 se perdió casi un millón de estos viajeros interinsulares: 4,4 millones en transporte marítimo y 2,7 millones en transporte aéreo. El récord histórico de pasajeros que optaron por el avión para sus desplazamientos interinsulares se alcanzó en 2007, con más 3,6 millones, pero a partir de ahí se inició su progresiva reducción hasta los 2,7 el pasado año. Una cifra similar al número de canarios o residentes en Canarias que se trasladaron de una isla a otra en avión allá por el año 2003.
Además del impacto de la crisis económica, otros factores explican este retroceso estadístico. Un regreso al pasado que, a su vez, pone de manifiesto lo poco que se ha avanzado en la mejora de la conectividad del Archipiélago en estos veinte años. Y ello pese a la atención que algunos gobiernos de Canarias han llegado a prestar a esta cuestión, elaborando planes estratégicos y ejes o redes transinsulares que nunca llegaron a hacerse realidad.
Las llamadas autopistas del mar, diseñadas en la etapa de Adán Martín, permitieron visualizar qué avances necesitaba la comunicación interinsular para avanzar en la construcción de un auténtico mercado único canario: un mapa de las siete islas del Archipiélago cruzado de líneas que iban y venían de todos sus puertos y aeropuertos. El Eje Transinsular de Transportes medía además el tiempo de los recorridos, expresando de manera gráfica cuánto tardaría un camión mercancías en salir de Fuerteventura y llegar a El Hierro a través de esas ficticias autopistas sobre cada brazo de océano que separaba a unas de otras. Posteriormente, se anunció la Red Transcanaria de Transportes, con fondos Feder para el periodo 2007-2013. Pero ni por mar, ni por aire: las Islas siguen mal conectadas entre sí y prácticamente solo cinco compañías las circunvalan: las aéreas Binter y Air Fly y las marítimas Transmediterránea, Armas y Fred Olsen.
La tarifa plana
La conectividad es uno de los temas recurrentes en cada convocatoria electoral en Canarias. Y esta no podía ser menos. En realidad es sobre todo un problema de costes que, por lo que respecta específicamente al transporte interinsular, entró en campaña mucho antes de que esta comenzara, cuando el presidente Fernando Clavijo pidió para Canarias lo mismo que se estaba prometiendo a Baleares: una tarifa plana para viajar entre Islas. Gobierno y partidos políticos han entrado a saco en la polémica sobre cómo abaratar los viajes entre Islas, tanto en avión como en barco, bonificados para los residentes en Canarias en un 50% de su coste. La propuesta se refiere a una tarifa única en función del trayecto, poniendo así fin a la actual diferencia de precios. Pero las primeras en oponerse han sido, precisamente, las dos compañías aéreas que operan en el mercado canario.
En cuanto a los partidos, el PP quiso inicialmente poner en valor la relevancia de la medida anunciada por la ministra de Fomento a favor de esta tarifa plana, pero la realidad es que la propia Ana Pastor la matizó poco después asegurando que "había que obtener la autorización de la Unión Europea". Coalición Canaria consideró por su parte que la medida tenía "un tufillo electoral". Y el propio presidente del Gobierno canario salió en defensa aumentar la bonificación por residente hasta el 75%. "No nos enfrasquemos en una batalla con Europa y aumentemos las ayudas tanto al tráfico aéreo como marítimo para movernos a precios razonables. El Partido Popular lo puede hacer cuando quiera", dijo Fernando Clavijo. Nueva Canarias consideró sin embargo que la persistencia de Fomento en implantar la tarifa plana apunta a un recorte de la bonificación a los residentes. Pese a ello, en su alianza electoral con el PSOE, ambas fuerzas se comprometen a favorecer la aplicación de la tarifa plana, además de mejorar los horarios, frecuencias y tarifas de las rutas aéreas y marítimas con la península.
Podemos ha apoyado igualmente la propuesta de implantar la citada tarifa, aunque va a la contra en cuanto a la bonificación por lo que respecta a los viajeros de primera clase, que entiende no deben ser subvencionados. La postura de Ciudadanos va en el sentido de "considerar a los puertos y aeropuertos canarios como infraestructuras de interés general". Y, respecto a las mercancías, propone abonar el 100% tanto entre islas como con la Península y otros países de la UE.
El Gobierno central, es decir el Partido Popular, insiste en que ya aporta fondos suficientes a la bonificación del transporte entre islas: 1.200 millones de euros en los últimos cuatro años, según Pastor. El Ministerio de Fomento sacó además recientemente a licitación, por 5,58 millones de euros, la cobertura durante dos años de cuatro rutas aéreas interinsulares de Canarias que están sometidas a obligación de servicio público (OSP): entre los aeropuertos de El Hierro y Gran Canaria, La Gomera y Gran Canaria, La Gomera y Tenerife Norte y Gran Canaria y Tenerife Sur.
Un cuasi monopolio
Pero el problema de fondo no es solo económico sino competencial. Las competencias en el transporte aéreo interinsular son del Estado, por lo que el Gobierno de Canarias se limita a mantener vigilante para que la calidad del servicio y el precio no empeoren por falta de competencia. CC ha denunciado el "cuasi monopolio" que soportan las Islas por parte de las compañías aéreas: "Sufrimos un agravio comparativo con los vuelos hacia Europa, que en ocasiones son mucho más baratos que entre islas", explicó el nacionalista Juan Manuel García Ramos.
Ya en octubre de 2012, el Gobierno canario invitó a las compañía aéreas a entrar a competir en el transporte aéreo interinsular. En ese momento solo operaba Binter Canarias tras el cese de actividades de Islas Airways y el Ejecutivo temía una subida de precios y una reducción de las conexiones entre las Islas: "No hay ninguna restricción a la entrada de cuántos más operadores mejor, salvo los precios máximos de los billetes establecidos por el Ministerio de Fomento al tratarse de un servicio público", explicó entonces el portavoz gubernamental. Y añadió: "La existencia de un solo operador puede llevar a que las tarifas de los billetes se aproximen progresivamente al precio máximo autorizado". Cuatro años después, el mercado aéreo interinsular sigue restringido a Binter Canarias y Canaryfly, que complementa algunos trayectos. Ryanair mostró inicialmente su disposición a entrar, pero consideró que había "demasiadas restricciones". Vueling, sin embargo, lo descartó de entrada y anunció que no viajaría entre islas pese a su desembarco en Canarias a través de una sucursal instalada finalmente en Tenerife.
El caso es que, en Canarias, la gestión tanto en puertos como en aeropuertos sigue excesivamente centralizada. Aunque en el primer caso se dio entrada al Gobierno canario en la cogestión a través las autoridades portuarias, en el ámbito aeroportuario todas las reivindicaciones de participar en su gestión han sido infructuosas. "Canarias mantiene viva la reclamación al Estado de las competencias en materia de transporte interinsular y la gestión de los aeropuertos canarios", ha señalado la consejera de Obras Públicas y Transportes, Ornella Chacón. Y ofreció algunos datos: Lanzarote, Fuerteventura y La Palma registran más de 300.000 viajes anuales, mientras Gran Canaria y Tenerife Norte superan los 800.000 vuelos.
Tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo, que "abre la puerta" a que el Archipiélago pueda reclamar la administración de determinados servicios aeroportuarios, fue tajante en el Parlamento regional y anunció que el Gobierno de Canarias dará la batalla judicial y política para lograr la cogestión de los aeropuertos, que está recogida en el Estatuto de Autonomía".
